El conflicto laboral que afecta a 34 trabajadores auxiliares de Alcoa despedidos de la empresa Montrasa tras el cese de actividad de la misma entra en su decimosexto día sin atisbos de solución y con síntomas de enconamiento. Ayer mismo, los afectados por los despidos decidieron dar una vuelta de tuerca a las movilizaciones que protagonizan desde el pasado día 5 y, así, desde primera hora de la mañana colocaron una barricada en el interior de la factoría bloqueando el paso de los camiones encargados de sacar la producción del interior de la factoría para llevarla a los almacenes de los clientes. El bloqueo de las expediciones de producto acabado duró hasta poco antes de las ocho de la tarde, el plazo que pusieron las fuerzas del orden -y que fue comunicado con dos horas de antelación a los representantes sindicales de los trabajadores- para que los encerrados depusieran su actitud so pena de ser desalojados por la fuerza y eventualmente detenidos por alterar el normal funcionamiento de la planta aluminera de San Balandrán.

Varios agentes de la Guardia Civil visitaron por la mañana el punto donde los despedidos de Montrasa se habían desplegado para impedir el paso de camiones, limitándose en ese momento, según testigos, a "tomar nota de lo que ocurría para elaborar un informe". La Benemérita intervino en respuesta a una doble denuncia, verbal y escrita, que trasladó la dirección local de Alcoa a la Delegación del Gobierno en Asturias. A última hora de la tarde el delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, daba cuenta a los responsables de la multinacional norteamericana en Asturias de que "la representación de los trabajadores ha adquirido el compromiso de suspender antes de las 20.00 horas la medida de presión que impide la entrada y salida de materiales de la factoría de Alcoa Inespal Avilés".

El bloqueo de la salida de producto acabado de la fábrica de San Balandrán (tochos y lingote de aluminio) entraña, según fuentes de la empresa Alcoa, "graves consecuencias": al margen de generar un problema de continuidad productiva a la fábrica, existe el riesgo de perder clientela, por lo que la multinacional habló abiertamente de "situación preocupante", de "perjuicio a sus intereses" y de "sensación de indefensión".

La advertencia de una posible intervención de la Guardia Civil en caso de que persistieran en su actitud hizo plegar velas a los despedidos de Montrasa, que retomaron el cauce pacífico de su encierro voluntario pasadas las ocho de la tarde. Las tensas horas vividas ayer, con el flujo de salida de la producción interrumpido durante doce horas, encrespó aún más las relaciones entre la plantilla de Alcoa y el colectivo de Montrasa; los primeros recriminan el clima de crispación que fomentan los segundos: "Deberían pensar en tender puentes en vez de dinamitarlos", manifestó José Manuel Gómez de la Uz, presidente del comité de empresa de Alcoa.