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Un fallo aboca al Ayuntamiento a hacer fijos a los trabajadores del plan local de empleo

El Tribunal Superior reabre la puerta, seis años después, a que se hagan contratos indefinidos a los beneficiarios del programa sociolaboral

Cola de personas para apuntarse al plan local de empleo 2014-2015. R. SOLÍS

La pesadilla se repite. El Ayuntamiento de Avilés, que en 2010 tuvo el dudoso honor de ser el primero de España en aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para librarse de cien trabajadores del plan local de empleo que habían acabado pasando a ser fijos de su plantilla gracias a una triquiñuela administrativa, vuelve a las andadas. Esta vez se trata del caso de una única persona -que se sepa-, pero en medios sindicales ya anticipan que esto será la espoleta de otra bomba de relojería: tan sencillo como que hay al menos otros dos casos pendientes de sentencia, que jamás hasta ahora la Justicia ha puesto coto a las pretensiones laborales de los beneficiarios avilesinos del plan de empleo para acceder a la condición de indefinidos de la plantilla municipal y que el reciente fallo contrario al Ayuntamiento -tiene fecha del día 3 de este mes- puede generar un efecto llamada y provocar un aluvión de reclamaciones.

La sentencia en cuestión de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) va firmada por los magistrados José Alejandro Criado Fernández, María Vidau Argüelles y Jesús María Martín Morillo y resuelve el recurso de suplicación que interpuso el Ayuntamiento de Avilés contra una sentencia del 4 de diciembre de 2015 del juzgado de lo social número 2 de Avilés, que estimó la demanda de la beneficiaria del plan de empleo local de Avilés 2014-2015 identificada por las iniciales L. A. P. para que se reconociera su condición de trabajadora con carácter indefinido del Ayuntamiento.

Vistas las pruebas y examinada la legislación laboral pertinente, los magistrados del TSJA declaran que el vínculo laboral entre L. A. P. y el Ayuntamiento existe, que tiene naturaleza indefinida y antigüedad de 20 de noviembre de 2014, por lo que se condena al Consistorio a aplicar a esa persona el convenio colectivo y no el acuerdo específico regulador de los beneficiarios del plan local de empleo. Tal sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo para unificación de sentencia, pero según fuentes jurídicas consultadas por este diario tal cosa será imposible debido a que no existe una sentencia en sentido diferente a la considerada y, por tanto, es imposible el cotejo.

El hilo argumental de la sentencia viene a concluir, como ocurría con las que en 2010 pusieron al Ayuntamiento de Avilés en la tesitura de tener que hacer indefinidos laborales a los cien beneficiarios del plan de empleo, que el contrato objeto de litigio fue realizado en fraude de ley. Esto es, que no obedecía a las causas que formalmente figuraban en los mismos, sino que el Ayuntamiento se proveyó de una trabajadora fija a la que destinó a tareas propias de esa condición siendo el contrato enjuiciado una mera cobertura legal para dar apariencia de temporalidad. Más señala el tribunal: que la única diferenciación entre la demandante y el resto de trabajadores de su mismo grupo (ordenanza) radica en la financiación de su salario con cargo a los planes de empleo.

La defensa jurídica de esta trabajadora corrió a cargo del sindicato Avanza (formado por representantes sindicales que antes lo fueron de la UGT), que fue el único (cuando aún sus miembros respondían a las siglas ugetistas) que no suscribió la modificación del convenio colectivo municipal que promovió el equipo de gobierno para evitar, precisamente, reclamaciones como la presente. Aquella modificación la apoyaron CC OO, el SIPLA y USIPA, cuyo máximo responsable en Asturias, Manuel Mendoza, cargó ayer con dureza contra Avanza: "En su día, cuando USIPA tumbó el plan de empleo avilesino de 2009-2010 por ser una herramienta municipal para la privatización de los servicios públicos, la UGT arremetió contra nosotros acusándonos de poner en peligro la estabilidad de la plantilla municipal. ¡Qué curioso que ahora, seis años más tarde, sean ellos los que abanderan las demandas de los trabajadores del plan de empleo de las que en su día renegaron!"

A la luz del palo económico que le cayó al Ayuntamiento avilesino cuando tuvo que despedir a los cien trabajadores del plan de empleo 2009-2010 (dos millones y medio de euros), el gobierno local decidió suspender los planes de empleo para curarse en salud. Esa decisión se revisó hace dos años en aras a favorecer el empleo en el concejo y con el compromiso de la mayoría sindical de no promover demandas de contratos indefinidos; pero la UGT se desmarcó de ese acuerdo y ahora llegan las consecuencias.

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