Los agentes acusados de tortura querían escarmentar a la víctima, según el fiscal

El ministerio público rebaja su petición de cárcel para dos de los cuatro procesados

11.05.2016 | 04:34
Uno de los procesados, a su llegada a la Audiencia Provincial.

La Fiscalía rebajó ayer su petición de cárcel para dos de los cuatro policías locales acusados de delitos de detención ilegal, torturas y amenazas. Una vez concluido el juicio, que se celebró en dos sesiones en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, el Ministerio Público modificó sus conclusiones en lo referente al delito de detención ilegal, que atribuía a los imputados M. O. M. y A. M. Ahora pide para ellos por este supuesto delito el pago de una multa (en vez de tres años de cárcel) y 12 años de inhabilitación (antes solicitaba 10). Así las cosas, solicita que se condene a los cuatro agentes (los otros dos responden a las iniciales J. I. M. y J. M. F.) a penas de entre dos y 5,5 años de cárcel. Los abogados de la defensa, por su parte, insistieron en la absolución de sus clientes apelando principalmente a la falta de pruebas y a los cambios de versión que ofreció la víctima en las cuatro declaraciones que ofreció desde que fue detenido, desde la primera en Comisaría hasta la última, en el juicio que se celebró el lunes y el martes en el órgano provincial. El caso queda visto para sentencia.

Para el Fiscal, está probado que los procesados intentaron dar un escarmiento al corverano C. M. S., que supuestamente había realizado preposiciones deshonestas al hijo de uno de ellos, que padece una importante discapacidad psíquica. Pocos días después, el 30 de mayo de 2014, el joven (de 33 años) y su madre coincidieron con este hombre en la parada de autobús de la calle Llano Ponte. La mujer solicitó la intervención policial para detener al hombre que habría intentado abusar de su hijo y ahí se desencadenó la sucesión de hechos que ha dado lugar a este juicio.

El Ministerio Público sostiene que tres de los cuatro agentes procesados, en vez de identificar al sospechoso y ponerlo inmediatamente a disposición de la Policía Nacional, intentaron "darle un escarmiento" por "haberse metido con el hijo de un compañero". Así que, según la acusación pública, lo llevaron a una nave de Divina Pastora (según el GPS del vehículo policial sólo estuvieron allí dos minutos) y lo asustaron con amenazas, algunas de ellas graves ("le llegaron a exhibir una bala"). También considera probado que el padre del hombre que sufrió supuestamente las preposiciones deshonestas amenazó a C. M. S. en las dependencias de la Policía Nacional, y que la versión que ofreció la víctima concuerda con los atestados y con las pruebas recabadas durante la instrucción.

Para los abogados de la defensa, José Ramón Nistal y Ángel Bernal, no hay más pruebas que las declaraciones "vagas e imprecisas" de un hombre que tiene pendiente un juicio por supuestos abusos sexuales al hijo de uno de los policías procesados y que ha ofrecido diferentes versiones de los hechos objeto de juicio.

Insisten en que los agentes se limitaron a identificar a C. M. S. y a trasladarlo a las dependencias de la Policía Nacional y en que no existen pruebas de tortura o amenaza alguna. Nistal se refirió al "carácter ejemplarizante" que a su juicio tiene la calificación de los hechos de la Fiscalía "por el hecho" de que los procesados "sean policías locales". "El fiscal preguntó al demandante más de cinco veces qué tipo de amenazas sufrió y no fue capaz de recordarlas", añadió Nistal. Los abogados de la defensa solicitaron la libre absolución pues consideran que en el juicio no se ha podido demostrar la culpabilidad de sus representados.

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