La sentencia avanzada ayer en este diario que condena al Ayuntamiento de Avilés a hacer trabajadora indefinida de su plantilla a al menos una de los beneficiarias del plan local de empleo 2014-2015 -hay otros dos fallos en el horno- revolucionó la Casa Consistorial. El gobierno local socialista excusó dar explicaciones de este varapalo judicial y anunció que tardará "un par de días" en hacer pública su postura (señal de que hay dudas sobre cómo abordar el problema); el PP e IU pusieron el grito en el cielo por el nuevo fiasco del PSOE e hicieron ver que "llueve sobre mojado", en referencia al episodio vivido en 2010 con un centenar de trabajadores del plan de empleo de aquel año que ganaron en los tribunales su derecho a ser reconocidos como fijos de plantilla; y los sindicatos, cada uno a su modo, subrayaron que esto es lo que tiene "hacer las cosas mal", como ellos habían advertido.

Lo que ha ocurrido para que vuelvan a estar en tela de juicio los planes locales de empleo de Avilés es que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirmó una sentencia del juzgado de lo social número de 2 de Avilés, que a su vez estimó la demanda de una beneficiaria del programa sociolaboral convocado en 2014. La demandante expuso que había sido contratada en fraude de ley, pues bajo la cobertura legal del plan de empleo cubrió un puesto de trabajo (ordenanza) asimilable al que desempeña personal de la plantilla municipal. Y ganó.

Curiosamente, el sindicato que puso sus servicios jurídicos al servicio de esta trabajadora y de otras dos personas pendientes de sentencia -Avanza (formado por exugetistas)- declinó pronunciarse sobre las razones de su decisión y sobre las consecuencias de la sentencia favorable lograda. No obstante, la motivación de Avanza es un secreto a voces en medios municipales: esta central no firmó, porque discrepaba de la misma, la modificación del convenio municipal que supuestamente iba a evitar la consolidación de derechos laborales por parte de los beneficiarios del plan de empleo -sí lo hicieron CC OO, Usipa y Sipla- y, en consecuencia, tenía las manos libre para defender a sus afiliados si así lo solicitaban.

Lo que sí remarcaron ayer fuentes de Avanza fue la "buena fe" con la que actuaron, pues en ningún momento alentaron a los beneficiarios del plan de empleo a presentar demandas; se limitaron a dar cobertura legal a quienes voluntariamente la pidieron. Y esto puede ser crucial para resolver el entuerto, pues si finalmente son sólo tres los trabajadores del plan de empleo reconocidos como indefinidos de la plantilla municipal la cifra es "manejable" en términos económicos. Nada que ver, desde luego, con que los demandantes lleguen a ser treinta; en ese caso el Ayuntamiento podría verse abocado a hacer otro ERE como el de 2010 y aquel tuvo un coste de 2,5 millones para el erario.

Frente al mutismo del PSOE, el PP fue contundente: "Lo que mal empieza, mal acaba. Esta herencia envenenada de la exalcaldesa Pilar Varela tendrá consecuencias económicas que pagaremos todos los avilesinos y complica el uso de una herramienta como son los planes de empleo para dar trabajo en la ciudad", manifestó el concejal popular Constantino Álvarez. Carmen Conde, de IU, dijo estar preocupada por la rémora que arrastra el Ayuntamiento con los planes de empleo e instó al partido en el gobierno a "hacer bien las cosas".

Desde ámbitos sindicales, el portavoz local del Sipla, Manuel Jesús Villa, fue crítico con la "perversión" que hacen los ayuntamientos de los planes de empleo -"los emplean para explotar a la gente y cubrir puestos de estructura"- y su homólogo en CC OO, Benjamín Ameijide, abogó por salvar los planes de empleo así sea como mal menor para combatir el paro, para lo cual es imprescindible, añadió, "buscar una fórmula que dé seguridad jurídica a los contratos; es decir, que no sean una pasarela de entrada a la plantilla municipal".