La Fiscalía estima que hay motivos suficientes para abrir un proceso judicial para dirimir responsabilidades por la demolición, el pasado octubre, de la fachada del cine Patagonia, en Miranda. Alejandro Cabaleiro, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, centra su mirada en los departamentos de Secretaría y servicios técnicos del Ayuntamiento de Avilés y pide que se tome declaración como investigados a tres trabajadores municipales y a otro más en calidad de testigo. Cabaleiro, que ha decidido unificar las denuncias interpuestas por Somos Avilés y la Consejería de Cultura, considera que puede haber delitos de prevaricación, contra el patrimonio histórico y otro de infidelidad en la custodia de documento.

En la denuncia de la Fiscalía se sostiene que algunos trabajadores municipales "evitaron que se conociese" la resolución de la Consejería de Cultura, de abril de 2015, en la que se iniciaba el expediente para incluir en el inventario de patrimonio cultural 50 cines, entre ellos el cine Patagonia de Miranda. Según el fiscal, de haberse tenido en cuenta ese expediente, no se habría concedido la licencia de derribo del inmueble. "El informe de la Fiscalía viene a demostrar que los indicios que denunciamos eran ciertos. Ahora ve que pudo haber prevaricación", aseguró ayer Xune Elipe, concejal de Somos Avilés.

El Ayuntamiento concedió licencia en mayo para el derribo a su propietario pese a la resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. El Consistorio, se vio obligado a suspender esos trabajos a mediados de octubre a instancias del Principado. Entonces el gobierno local explicó que la solicitud de licencia de demolición del cine entró por registro el 15 de mayo, acompañada del proyecto técnico: "El expediente, en plazo y atendiendo a las condiciones urbanísticas en vigor, es informado de forma favorable y se concedió la licencia mediante un decreto de fecha 29 del mismo mes". Según el gobierno, ningún técnico les advirtió de la protección de ese inmueble.