F. M. O., M. C. C. y F. A. S., imputados por ayudar supuestamente a morir a una mujer en un hotel de Avilés en 2012, aceptaron esta mañana penas de cárcel de dos años para los dos primeros y seis meses para el tercero. "Por un imperativo judicial dadas las penas que se habían solicitado hemos aceptado el protocolo de conciliación, lo que no significa que estemos de acuerdo", explicó a la salida de la sala de vistas donde se selló el acuerdo el presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Luis Montes. La fiscalía pedía penas de entre seis años y diecisiete meses de cárcel para los encausados, dos de ellos vinculados al colectivo DMD que se sentaban en el banquillo de los acusados por un delito de cooperación al suicidio y un delito contra la salud pública.
Para DMD no existió tal cooperación al suicidio. "En un caso, era una mujer con graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar a la que los acusados nunca conocieron. En el otro caso se confundió la sedación paliativa con la eutanasia", explicó Montes, que urgió un "protocolo de muerte voluntaria". "En nuestro país el suicidio no es ilegal pero sí lo es la cooperación necesaria al suicidio. Esta figura está castigada con duras penas de cárcel por el artículo 143 del Código Penal vigente, procedente del Código de la dictadura franquista, en parte modificado en 1995 en el sentido de aminorar las penas en caso de concurrir un estado de enfermedad grave que conduciría necesariamente a la muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar", matizó.
Ante esto, Luis Montes destacó que la opinión pública clama "por un buen morir". "El artículo 143 del Código Penal causa más daño que beneficio: clandestinidad, soledad, inhumanidad, violencia, desigualdad e indefensión. Por eso seguiremos luchando a favor de su derogación y por una ley de eutanasia que garantice la libertad que proclama la Constitución, con suficientes garantías de protección para las personas presuntamente vulnerables".
