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Los dos acusados de ayudar a suicidarse a una mujer aceptan dos años de prisión

Luis Montes, presidente del colectivo Derecho a Morir Dignamente, exige a la salida del Juzgado una ley de eutanasia

25.05.2016 | 04:08
Por la izquierda, el abogado Manuel Jesús Tey, los acusados Fernando Marín y Fernando Acquaroni, y Luis Montes, de Derecho a Morir Dignamente, ayer, a la salida del Juzgado avilesino en la calle de Marcos de Torniello.

Los dos acusados por ayudar a suicidarse a una mujer en un céntrico hotel de Avilés en 2012 -Fernando Marín y Mercedes Caminero- aceptaron ayer penas que suman dos años de prisión, multa y seis meses de inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones. Además, un tercer acusado (Fernando Acquaroni), hermano de un enfermo terminal que se puso en contacto con los dos primeros para que le proporcionaran los medicamentos adecuados para poner fin a la vida de su familiar, aceptó seis meses de prisión por un delito de cooperación al suicidio en grado de tentativa. La vista oral estaba prevista para ayer por la mañana en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, aunque la conformidad mostrada por los acusados evitó su desarrollo.

"Por un imperativo judicial dadas las penas que se habían solicitado hemos aceptado el protocolo de conciliación, lo que no significa que estemos de acuerdo", explicó a la salida de la sala de vistas donde se selló el acuerdo el presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Luis Montes. La Fiscalía pedía penas de entre seis años y diecisiete meses de cárcel para los encausados, miembros de este colectivo. Esta entidad entiende que "no existió tal cooperación al suicidio". "La ambigüedad de la Ley y la falta de jurisprudencia podrían haber llevado a una interpretación opuesta de los actos incriminados. Por este motivo, ante la posibilidad de reducir los tipos penales de autoría a complicidad y evitar el ingreso en prisión, la asociación apoya la decisión de los acusados de aceptar el protocolo de acuerdo con la Fiscalía, no correr riesgos inútiles y aceptar dos años de condena sin ingreso en prisión", destacó.

El presidente de DMD urgió a la salida del Juzgado una reforma del artículo 143 del Código Penal. "En nuestro país el suicidio no es ilegal, pero sí lo es la cooperación al suicidio. Denunciamos la reciente aplicación de este artículo en sus aspectos más duros, en clara contradicción con la modificación de 1995 y, sobre todo, con la opinión mayoritaria de la sociedad que, preocupada por las condiciones atroces en las que demasiadas personas se ven obligadas a vivir su final, se manifiesta favorable a la legalización de las conductas eutanásicas", dijo. Defendió con estos argumentos una ley de eutanasia.

"DMD no pretende incumplir las leyes sino cambiarlas: es un deber democrático procurar que reflejen la voluntad del pueblo al que deben servir, y esperamos que con la XII Legislatura, la del cambio, se adapte nuestro Código Penal totalmente punitivo a la realidad", dijo. Y concluyó: "Muchas personas que quieren disponer de su propia vida recurren al suicidio simple, un suicidio que es una muerte trágica, inhumana y en soledad, y que la mayoría de ciudadanos no queremos".

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