La comunidad de propietarios del edificio "Carbayedo" -entre las calles de Cervantes, El Carbayedo y la avenida de Portugal- ha llevado a la empresa EDP a los tribunales. Los vecinos quieren que la compañía distribuidora de energía retire un centro de transformación situado en un local del edificio porque los cables que van a dar a él recorren el garaje "a pocos centímetros de las tuberías de agua comunitaria y de un vehículo" y esto, según un portavoz de los demandantes, "pone en riesgo nuestra seguridad". El conflicto entre la comunidad de propietarios y la empresa finalmente se dirimirá en un juicio previsto para la semana que viene en el palacio de justicia de Avilés.

La comunidad de vecinos, según el mismo representante, se puso en contacto con la delegación avilesina de la empresa EDP en el año 2010. Esta toma de contacto tenía una sola razón, apuntan desde la comunidad de propietarios, y es quien la multinacional pagase los recibos adeudados a la comunidad. Según el demandante, el delegado de EDP en Avilés telefoneó a la central de la empresa en Asturias y, de vuelta, se puso en contacto con la comunidad pidiéndoles la cifra adeudada y la cuenta en la que se iba a ingresar. Este proceder despertó la curiosidad de los propietarios. "Sólo queríamos saber por qué no pagaban las cuotas", apuntó el mismo representante. A partir de ese detalle se inició "una investigación exhaustiva" sobre la historia de las relaciones de EDP con la comunidad de vecinos, dice el mismo representante. "La dificultosa investigación llevó a que se examinasen infinidad de documentos localizados en archivos históricos, tanto municipales como regionales y también particulares, relacionados con la compañía EDP como la Inmobiliaria Jiménez Cano (JICASA), constructora del edificio donde se ubicó el centro de transformación y distribución de energía Eléctrica que se cuestiona".

En una carta que la comunidad de vecinos del edificio "Carbayedo" envió al director de distribución de EDP se puede leer: "Queremos recordarle que el conflicto tiene su origen en un 'contrato privado' que se firmó entre la constructora del edificio (JICASA) y la extinta Hidroeléctrica del Cantábrico. Este documento lo han venido utilizando como documento justificativo para defender la 'supuesta cesión de uso' de un local que es propiedad de esta comunidad de vecinos, por mucho que se insista en negar la realidad".

Los miembros de la comunidad aseguran que han demostrado "sobradamente" que llegan ahora a los tribunales porque la empresa no se aviene a un acuerdo amistoso. Para probar esto recuerdan que "se han celebrado dos conciliaciones" a requerimiento de la propia comunidad de vecinos. En una de ellas se solicitó la suspensión de un juicio que vuelve a reactivarse en este momento. Los vecinos, pues, reclaman a la compañía que retire el centro de transformación y les devuelva el uso del local.