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Dos de cada tres edificios de la ciudad deberán pasar una evaluación técnica

El Principado ultima una normativa que obliga a analizar el estado de conservación y la eficiencia energética de los inmuebles de 50 años o más

Vista general del barrio de Versalles. MARA VILLAMUZA

Dos de cada tres edificios de Avilés deberá pasar un examen técnico antes de finales de 2018 para comprobar si superan la prueba en eficiencia energética, en su estado de conservación y en accesibilidad. El Principado de Asturias tiene en exposición pública una normativa que obligará a las comunidades de propietarios de los edificios de 50 años de antigüedad o más a pasar una especie de "ITV" como la de los coches. En la ciudad hay unos 6.000 bloques de viviendas, de los que 3.878 datan de entre antes de 1900 y los años 70 del pasado siglo, según el censo de población y vivienda que el Instituto Nacional de Estadística elaboró en 2011.

Los edificios afectados están situados, sobre todo, en los barrios que sufrieron una explosión urbanística con la llegada de la antigua Ensidesa, en los años 50. La Luz, Llaranes, Versalles y Villalegre cuentan con un buen número de edificios que tendrán que pasar el examen. Pero también La Carriona, la zona de San José Artesano, el polígono de La Magdalena y el centro histórico. No obstante, tendrá que ser el Ayuntamiento de Avilés el que, según el decreto que prepara el Principado, deberá elaborar un censo de edificios en el que registrará la totalidad de los inmuebles, su fecha de construcción y la fecha de la obligación de efectuar el primer informe de evaluación o los sucesivos.

"Que el Principado obligue a realizar esas inspecciones es positivo porque a su vez va a reactivar el sector de la construcción", aseguró Luis Esteban Alcalde, vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio de Avilés. Eso sí, el responsable cameral instó al Gobierno regional a que se establezcan ayudas a las comunidades de vecinos para "compensar las reformas que van a tener que realizar. "De no ser así, va a haber muy poca predisposición para acometer esas mejoras", afirmó Alcalde

El informe de evaluación de los edificios lo tendrá que redactar un arquitecto o un aparejador; la certificación energética, por su parte, podrá ser suscrita por un técnico diferente. Ese informe tendrá una vigencia de diez años. Están exentos de realizar esa supervisión tanto las viviendas unifamiliares como aquellos edificios declarados en ruina. Sin embargo, el Ayuntamiento o el Principado podrán establecer la obligación de efectuar ese informe a aquellos edificios que pese a no tener la antigüedad exigida "presenten evidentes deficiencias estructurales, constructivas o en sus instalaciones que puedan suponer riesgo para las personas, tanto en el interior como en la vía pública".

Según explicaron algunos profesionales, muchos de los edificios construidos durante el boom de la construcción no cumplirían ahora las normas de accesibilidad. Y es que muchos de esos bloques carecen, por ejemplo, de ascensor. En ese sentido, el Ayuntamiento flexibilizó hace unos años las normas que regulan la instalación de ascensores en los edificios residenciales y permitió por primera vez que se colocaran en el exterior, incluso en fachadas principales y sobre la vía pública. También se pueden detectar problemas de cimentación, humedades o instalaciones eléctricas.

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