"El estamento judicial está totalmente decidido a anular individualmente, caso por caso, según es su competencia, la comercialización de los productos tóxicos bancarios entre los consumidores", señala Guillermo Fernández Blanco, abogado avilesino cuyo despacho ha alcanzado hasta la fecha 101 sentencias favorables en pleitos sobre nulidad de la contratación de servicios en entidades financieras que habían sido comercializados indebidamente. "Si miles de sentencias judiciales se pronuncian mayoritariamente en favor de los afectados y nadie corrige esta situación es que el sistema está incurriendo en una disfunción", añade el letrado.

Ante la baja incidencia de casos que aún llegan a los tribunales, -un 10 por ciento, señala Fernández Blanco-, el abogado alienta a los miles de ciudadanos que han perdido sus ahorros de años a través de estos productos a litigar porque "es posible recuperar el dinero con toda seguridad, salvo raras excepciones. Hay que quitar el miedo. Estamos desprotegidos legislativamente pero contamos con una protección judicial. Tenemos ejemplos claros de que los jueces están actuando de forma independiente. Es intachable su actitud. Han metido mano a las entidades financieras. No les tiembla el pulso".

Las personas "engañadas" por las entidades financieras -principalmente, desde las cajas de ahorro- son, manifiesta, "trabajadores de clase media, gente normal, cauta, conservadora con la gestión del dinero, que no especula. Son ahorradores compulsivos que tradicionalmente mantenían imposiciones a plazo fijo y que de media han perdido 10.000 euros fruto del engaño; los hay que llegan a los 300.000 euros".

Dado que una misma sentencia judicial -nulidad de la contratación de productos tóxicos, como hipotecas con cláusula suelo, participaciones preferentes o deudas subordinadas, entre otros- se repite una y otra vez, el abogado avilesino considera que este tema se solventaría con una norma jurídica de carácter general que prohibiera la comercialización de dichos servicios. "Pese a la evidencia de miles de sentencias denunciando una misma situación, los poderes legislativo y ejecutivo no se atreven a dictar una norma general anulando la comercialización bancaria de dichos productos. Parece que la solvencia bancaria es el único objetivo que preside la actuación de los políticos, tanto los del gobierno como los de la oposición", advierte Fernández Blanco para ensalzar, por contra, la labor de los jueces. "Estamos muy bien vigilados por ellos. Están haciendo las funciones de los poderes políticos y también de los organismos de control, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España"

Esta circunstancia produce, afirma Guillermo Fernández Blanco, varias consecuencias, entre ellas, "que el sistema no puede funcionar razonablemente bien y, a la larga, se producirán fricciones. Si el poder judicial tiene que hacer las veces del legislativo o del ejecutivo surgirán graves averías y anomalías en el sistema".