La Cofradía de Pescadores "Virgen de las Mareas", dueña de un tercio de las acciones de la rula de Avilés, ignora el paradero de los 600.000 euros que según su estimación cobró la lonja en concepto de comisiones de ventas realizadas en "B" entre los años 2009 y 2011 y exige explicaciones al respecto a los actuales consejeros. Los aludidos, por boca del presidente de la entidad, Santiago Rodríguez Vega, eluden pronunciarse sobre un asunto que ocurrió cuando no tenían responsabilidad en la entidad y que, en todo caso, consideran zanjado tras la realización de una inspección fiscal que concluyó con la imposición de sanciones por importe de 1,2 millones de euros.
Fuentes de la cofradía apuntan a que, oficiosamente, tienen "cierta idea" de que esas comisiones cobradas en "B" (a razón de un 3 por ciento del valor del pescado ocultado a ojos del Fisco cargado a los armadores y otro tanto a los compradores) se emplearon en hacer pagos irregulares de mercaderías, servicios, horas extras y sobresueldos, pero insisten en que desean explicaciones "oficiales" sobre estos supuestos manejos. "Cabe pensar que nuestro deseo de transparencia debería ser compartido por quienes representan en el consejo de la rula a las instituciones públicas, pero de momento no hemos obtenido respuesta a estas y otras cuestiones", critica el secretario y portavoz de la cofradía, Alejandro Álvarez.
La postura fiscalizadora de "Virgen de las Mareas" se enmarca en el pulso que libra con la mayoría accionarial de la rula de Avilés -la que ostentan la Autoridad Portuaria de Avilés y el Principado de Asturias- para hacerse con el control de la lonja al objeto de "salvarla de la ruina hacia la que se encamina". Redundando en esa idea y a la conclusión ayer de la junta general de accionistas donde se sometieron a aprobación las cuentas de 2015, la cofradía manifestó su preocupación por algunas de las "realidades" que evidencian los libros económicos de la lonja.
"La rula de Avilés se ha convertido en una gestora de subvenciones; de no ser por ellas habría entrado en causa de disolución (algo que, por cierto, le ha ocurrido a la lonja de Gijón obligando a intervenir al Puerto homónimo el pasado lunes en su salvación). Los fondos propios ascienden a 370.000 euros siendo el capital social de 1.587.000 euros y la deuda totaliza más de 2,5 millones; sin subvenciones, la sociedad iría de cabeza la quiebra", detalló Alejandro Álvarez. Por todo lo anterior y por la "pérdida de confianza en los miembros del consejo", la cofradía rechazó las cuentas de la rula, que no obstante fueron aprobadas con los votos favorables de los representantes del Puerto, el Principado y la Cámara de Comercio.
El presidente de Nueva Rula de Avilés, que lo es también del Puerto de Avilés, Santiago Rodríguez Vega, censura y matiza el mensaje "tergiversado" de la cofradía: "Los fondos propios de la lonja son sólo una parte de su patrimonio neto, que asciende en total a 1.558.524 euros y, en consecuencia, la sociedad está en perfecto equilibrio patrimonial. Y al respecto de la deuda, es conveniente diferenciar la pagadera a largo plazo, por importe de 1,7 millones (la suma de los préstamos solicitados para pagar la nueva fábrica de hielo y la multa a Hacienda), y la exigible a corto, que ronda el millón y de esa cifra 780.000 euros corresponden a las pólizas de crédito utilizadas en la dinámica comercial propia de la lonja. La cofradía parece empeñada en esparcir el mensaje de que la sociedad está al borde la quiebra, incluso a costa de manipular los datos, pero tal cosa es mentira; todo lo contrario, se halla en una posición de estabilidad que le permitirá salir adelante pese al varapalo que supuso la sanción de la Agencia Tributaria".
Rodríguez Vega pasa al contraataque y acusa a los dirigentes de la cofradía de intentar "agotar un modelo de gestión de la lonja que no es agradable a ojos de quienes, como ellos, tienen intereses inconfesables y desearían volver a tiempos afortunadamente ya superados". La ausencia ayer de los representantes de la cofradía en la junta de accionistas (apoderaron a un abogado experto en Derecho Mercantil) es otra prueba, según Rodríguez Vega, "de que el interés de los directivos de la cofradía, que sólo se representan a sí mismos, es la defensa de sus intereses particulares, en absoluto la mejora de la comercialización pesquera".
