Todo culebrón empieza con un primer capítulo y el que tiene como protagonista a la rula de Avilés, la mayor plaza pesquera del Principado, se rodó hace poco más de diez años en el despacho de quien era presidente de la Autoridad portuaria de Avilés, el exalcalde socialista de la ciudad y exdelegado del Gobierno en Asturias Manuel Ponga. El político, ya jubilado, citó en la sede del Puerto, por entonces en la calle del Muelle, a un selecto ramillete de armadores que tenían como denominador común su malestar con los rectores de la cofradía de pescadores "Virgen de las Mareas", de aquella presidida por Gregorio López; Ponga les convocó para comunicarles que pronto iban a tener una ocasión propicia para dar un golpe de mano y cambiar el equilibrio de poder en el sector pesquero local.
Manuel Ponga dijo a los armadores -y así lo denunció a los pocos días la UGT, que se olió el complot- que habría un concurso para adjudicar la gestión de la nueva lonja climatizada, cuya construcción había anunciado el Presidente Vicente Álvarez Areces en febrero de 2004, y que si daban los pasos correctos podrían ser los ganadores del mismo. De ese modo, se suponía, los armadores díscolos tomarían el control de la cofradía y gestionarían el negocio de la comercialización pesquera. Aquel mediodía otoñal, en un despacho con vistas al solar que luego ocuparía el Niemeyer, sopló el primer viento de un temporal que hoy, una década más tarde, amenaza con hundir la actividad pesquera avilesina, lo que sería tanto como quebrar el espinazo del sector en Asturias.
Y es que el pretendido guión se torció. Los socialistas sobrevaloraron la capacidad empresarial de los armadores declarados en rebeldía en el seno de la Cofradía e infravaloraron a la directiva de la entidad pesquera, que se enzarzaron en una guerra sin cuartel con numerosos años colaterales: fuga de barcos a puertos gallegos, surgimiento de rencillas irreparables y un grave deterioro de las finanzas de la cofradía, entre otros. De nada sirvieron los intentos del Álvarez Areces para apagar el fuego que habían prendido Manuel Ponga y Alberto Vizcaíno, quien ocupaba entonces el mismo cargo que ahora, la dirección general de Pesca.
Los armadores a los que azuzaba el PSOE declararon su independencia constituyendo una sociedad llamada a tomar el control de la nueva rula -Lonjavilés- y la directiva de la Cofradía buscó refugio en los brazos del PP llegando a convocar una manifestación ciudadana en vísperas de las elecciones locales y autonómicas de 2007 para protestar por el intervencionismo socialista en el sector.
La victoria electoral del PSOE mantuvo la tensión del conflicto, si bien cambiaron algunos de los actores en los meses sucesivos. Areces, reelegido Presidente, despachó a Manuel Ponga y puso al frente del Puerto de Avilés -y por tanto al mando de las operaciones en la rula- a Manuel Docampo, que venía con la carta de presentación de haber sido presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao. Y Vizcaíno, otro de los "quemados", también fue apartado de la dirección general de Pesca, relevado por José Ignacio Cabrera.
Mientras, el equipo de Gregorio López vencía en las elecciones internas de la Cofradía entre acusaciones nunca probadas de "pucherazo", un triunfo que desmoralizó a los armadores de Lonjavilés hasta el punto de que su presidente, Fernando Iglesias, dimitió dando paso al "ala dura" del sector, la que representaba Francisco Javier Rentería.
A todas éstas, las obras de la nueva rula -cuyo presupuesto superó los 12 millones de euros- habían acabado, pero su inauguración acumulaba retrasos por la falta de fondos para dotarla de maquinaria y mobiliario y porque a esas alturas seguía enconada la guerra fraticida entre las dos facciones pesqueras que aspiraban a gestionar el complejo: de un lado, la Cofradía; del otro, Lonjavilés.
En mayo de 2008, cuatro años después de haberse anunciado el proyecto, el consejo del Puerto de Avilés tomó una decisión salomónica: excluir de la gestión de la rula tanto a la Cofradía como a Lonjavilés y constituir una sociedad con mayoría de capital público para gestionar la lonja, cuya gerencia se encomendó a Ramón Álvarez. "Virgen de las Mareas" tuvo al menos como premio de consolación su aceptación como accionista de la sociedad (con un 33 por ciento del capital), pero los armadores de Lonjavilés quedaron en fuera de juego, con las sensación de haber sido traicionados por el PSOE, que primero les jaleó y a la hora de la verdad les dejó en la estacada. Como represalia, algunos de esos empresarios decidieron "emigrar" al puerto lucense de Burela, que han acabado convirtiendo en su puerto base, y otros plegaron velas a la espera de mejores vientos.
La apertura de la nueva rula en mayo de 2009 tuvo un cierto efecto balsámico: la Cofradía se retiró a los cuarteles de invierno y Lonjavilés se extinguió como tal, si bien como donde hubo llama queda rescoldo los armadores que la componían cambiaron de diana y se marcaron el objetivo de hacerse con el control de "Virgen de las Mareas", cosa que lograron en las elecciones de 2011 en medio de una agudísima división del sector.
La pérdida de la gestión de la rula -la que había sido su principal fuente de ingresos durante décadas- le hizo un roto considerable al estado financiero de la Cofradía, que tuvo que poner en venta su patrimonio inmobiliario (el poblado del Nodo) para poder mantenerse a flote. Los nuevos rectores de la entidad -la que ahora preside Fidel Álvarez Garaot, si bien todo el sector considera dirigida "de facto" por el armador José Ignacio Santiago- lograron enjugar el déficit millonario y, libres de la carga de la deuda, fue cuando hace un año anunciaron su intención de tomar el control de la rula, un deseo que nunca ocultaron, ya fuera cuando estaban bajo el paraguas de Lonjaviles o ahora que se presentan como directivos de "Virgen de las Mareas".
La negativa del actual presidente del Puerto, el también socialista -como Ponga- Santiago Rodríguez Vega, a dejar la rula en manos de la Cofradía sonó a declaración de guerra en los oídos de los armadores. Y los acuerdos tomados el año pasado para resolver la crisis desatada en la rula por una inspección de Hacienda saldada con una multa de 1,2 millones fueron la espoleta que reavivó el conflicto. Desde la Cofradía acusan a los consejeros políticos de la rula de haber traicionado a los armadores admitiendo la comisión de delitos fiscales en la lonja (semejante confesión limita las posibilidades de defensa de quienes vendieron o compraron "pescado negro").
En respuesta a ese agravio, y convencidos de que el actual modelo de gestión hundirá la rula, los rectores de la Cofradía -o sea, aquellos mismos que fundaron Lonjavilés auspiciados por el PSOE para gestionar la nueva rula avilesina- anuncian para los próximos meses guerra sin cuartel. Será el próximo capítulo del culebrón.
