Los cinco socios propietarios del Grupo Melca deciden esta tarde si cierran 46 años de exitosa carrera empresarial o exploran un nuevo camino de futuro. Tal y como desveló en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, esta tarde está convocada una junta general extraordinaria de socios con tres puntos en el orden del día. El tercero es el de "la disolución de la sociedad". Melca es propietaria de, al menos, once empresas y da empleo a 150 personas, que llevan una semana con los dedos cruzados ante lo que pueda acordar hoy la familia que es dueña de un "holding" con 100 millones de euros como patrimonio neto.
La familia de José Luis García Arias es propietaria en exclusiva de un grupo que empezó explotando un negocio de montajes eléctricos, pero que con los años se amplió a la sanidad privada, el turismo, la calderería y la especulación en bolsa. El pasado 6 de mayo tres de los socios (Isabel Becerril y Elena y Daniel García) depusieron al administrador de la sociedad (García Arias). Desde entonces, el grupo está presidido de manera eventual por Miguel García. Lo que se tiene que decidir esta tarde es cómo enfrentar el porvenir. Hay cuatro vías posibles.
La restitución de García Arias. De acordar esta medida, el Grupo volvería a la casilla de salida. Sin embargo, esta posibilidad es la más remota de las cuatro. Según fuentes cercanas al fundador de la sociedad, García Arias no está en disposición de retomar los mandos de una compañía que nació desde la nada en 1970, cuando empezó a operar la compañía Montajes Eléctricos del Cantábrico.
Administrador mancomunado. Las relaciones entre las dos partes es tensa desde la deposición de García Arias durante una junta de accionistas en la que se iba a repartir 2,78 millones de euros procedentes de los fondos de reserva, es decir, una parte no se fía de la otra. Esta dificultad se puede salvar nombrando dos administradores: uno de cada parte. Los acuerdos que se tomen en este punto tienen que ser mancomunados. ¿Quiénes podrían ser nombrados? José Luis García Arias y Elena García, según fuentes cercanas a la dirección del Grupo, están descartados: el enfrentamiento mayor es entre ambos. Así que por parte del fundador queda Miguel García y por la otra parte, Daniel García. Esta posibilidad salvaría la situación y los puestos de trabajo no peligrarían.
Administrador judicial. Esta vía sería la que los socios tendrían que explorar si no prospera la anterior. Supondría que los negocios estarían gobernados por una persona neutral, pero que obedecería a un juez y no a los dueños de las acciones, que ahora están enfrentados.
Disolución. Se llegaría a esto si no prosperan ni la segunda ni la tercera vía. Y esto supone el nombramiento de un liquidador (que será judicial a todas luces) y el desmembramiento de un conglomerado de empresas con el fin de convertirlas en dinero (el que se repartirán los socios tras pagar deudas, acreedores e indemnizaciones a los empleados).
