La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, destituirá a Raquel García como directora del Conservatorio de Avilés al haber concedido el juez la ejecución de la sentencia del pasado 11 de mayo que anulaba su nombramiento. Una medida que había solicitado el profesor Luis Enrique García Franco. "Después de analizado el auto por los servicios jurídicos del Ayuntamiento estamos obligados sí o sí a proceder a ejecutar la sentencia para cumplir la ley", explicó la edil a este periódico. La pretensión municipal es, pues, obedecer la sentencia que anuló el proceso de elección de director, que se inició en mayo de 2015.
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Oviedo declaró nulas, en su fallo de hace dos meses, las resoluciones por las que se había convocado el proceso de selección de director tras la marcha por jubilación de José María Martínez. El magistrado consideró que los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Avilés en mayo de 2015 no se ajustaban a derecho. La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, aseguró entonces que el Ayuntamiento de Avilés no pensaba recurrir la decisión. Y en este punto se aceleró la fuerte crisis que meses atrás había partido por la mitad el claustro de profesores del Conservatorio, entre partidarios y detractores de García.
La solución a esta crisis, según el punto de vista de Yolanda Alonso, pasa por que el Ayuntamiento busque un profesor que se ajuste a derecho (a lo que indica el artículo 134 de la LOE) y que se haga cargo del centro educativo municipal en comisión de servicio. De esta forma, según la concejala, se podría "devolver la tranquilidad" a la prestigiosa institución académica, en cuyas aulas se ha formado buena parte de la profesión musical asturiana que trabaja en orquestas en España y en otros países.
La ejecución de la sentencia puede ser recurrida por la representación legal de Raquel García. Según Alonso -que se apoya en los servicios jurídicos municipales-, este recurso no puede paralizar la ejecución de la sentencia. Esto es, su destitución por haber sido nombrada durante un proceso que "no se ajustó a derecho". En el auto en el que se ordena la ejecución de la sentencia de mayo se puede leer: "La representación de la señora García Díez sostiene que la ejecución no restablece ni garantiza los derechos del ejecutante, que no puede acceder al puesto por no ser funcionario. Dice que los intereses públicos son los que se deben preservar en todo momento y en esta ejecución provisional en particular. Relata una serie de perjuicios organizativos, que considera de imposible y difícil reparación, derivados de su cese y del nombramiento de otro director. Argumenta, además, que con la ejecución provisional se causarían unos perjuicios económicos, por diferencias salariales, además de daños morales y perjuicios a los intereses públicos, que prudencialmente fija en 18.000 euros".
El Ayuntamiento pretende organizar el próximo curso de manera inmediata: definir el horario de los profesores y el nuevo equipo directivo.
