"Me quieren quitar a mi hija porque la tuve con una mujer rumana", denuncia el extrabajador de la industria del montaje Francisco Galán Durán, padre de una niña de dos años y medio fruto de una relación esporádica y extramatrimonial. Galán está casado desde hace cuatro décadas y tiene tres hijas más, dos mayores de edad, y una tercera fruto de otra relación extramatrimonial, hace siete años. "Siempre he querido hacerme cargo de la niña y mi mujer también", asegura el hombre, que actualmente es pensionista. "Todos los informes nos califican como una familia estructurada. Mis hijas fuera de matrimonio son cosa de mi mujer y mía, el Principado no tiene nada que decir al respecto", añade el avilesino. "El Principado me ha comunicado que la semana que viene me suspende el derecho de visitas de mi última niña, pese a que anuncié mi intención de recurrir la sentencia que dice que no es mía. Lo es, la registré a los pocos días de nacer. Lo que pasa es que, a los pocos días, Servicios Sociales se la llevó al Materno-Infantil de Oviedo", se lamenta.
El relato de este avilesino contrasta con el que hizo el magistrado titular del juzgado de Instrucción Número 2 de la ciudad en una sentencia que dictó en febrero de este año y que posteriormente fue ratificada por la Audiencia Provincial. En el fallo, se dice también que el avilesino "se ha negado a hacer la prueba de paternidad" y, en consecuencia, el juez otorga a esta negativa "un vigoroso o muy cualificado indicio" de que, efectivamente, "no es el padre". Sin embargo, este argumento lo rechaza Gonzalo Botas, su abogado, en la apelación. El letrado sostiene que su cliente no se negó a hacer la prueba, "simplemente manifestó que no existía prueba de cargo bastante que justificase dicha prueba". Y el mismo letrado echa en falta "mayor razonamiento" por parte del juez para afirmar que el avilesino sea de verdad el padre de la niña. "Ella, de hecho, me reconoce como tal. Los trabajadores del Materno-Infantil pueden dar fe de ello", asegura el avilesino. Botas reprocha al juez que no permitiera el interrogatorio de Galán Durán. "Se han vulnerado sus derechos al no ser oído", concluye el letrado.
Para la defensa de Galán Durán "la Consejería se ha entrometido en una cuestión que es íntimamente personal y que sólo afecta a la moral de las personas". Y subraya: "Decidir criar a un hijo dentro o fuera del matrimonio no es cuestión que afecte a las autoridades públicas mientras no se coloque en situación de riesgo al menor". Algo que, según el afectado, "no se va a producir". Galán y su esposa quieren criar a la niña en casa, del mismo modo que están haciendo de la anterior niña fruto de una anterior relación esporádica. "La insinuación / sospecha de que se trata de una adopción encubierta sólo muestra un prejuicio moral y una injerencia en la moral personal intolerable", apostilla Botas. "Y ahora, sin ser firme la sentencia de la Audiencia, van y me dicen que el día 3 me quitarán las visitas. Esto es una injusticia", se lamentaGalán.
