02 de agosto de 2016
02.08.2016
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El proceso de liquidación de la mayor cadena textil avilesina

Julián Rus y Gryphus deben responder de una quiebra de 21 millones en Los Telares

La Fiscalía pide que el empresario asuma 6,5 millones de la deuda, si bien la cifra está pendiente de nuevas pruebas que pueden reducirla

02.08.2016 | 04:02
Una de las tiendas del grupo en los días previos al cierre.

La Fiscalía solicitará al juez que el fundador de la cadena textil avilesina Los Telares, Julián Rus Cañibano, y la sociedad de inversión suiza Gryphus Partners, que asumió el control de la compañía en 2014 en un intento finalmente fallido de reflotarla, paguen 21 millones de euros, que es el importe de la deuda generada en el grupo entre los años 2014 y 2016, según el cálculo de la administradora concursal designada para llevar a cabo la liquidación.

Lo que habrá de dirimirse próximamente es cuánto dinero debe aportar cada cual; a priori, la Fiscalía pide que el empresario de origen leonés afincado en Avilés responda de 6,5 millones y la sociedad suiza, de 14,5. Estas cantidades coinciden exactamente con las que la administración concursal fija como parte de la deuda que se generó en los periodos de tiempo en los que Julián Rus y Gryphus ostentaron la administración de Los Telares: el primero, entre abril y noviembre de 2014; la segunda, entre noviembre de 2014 y enero de 2016.

No obstante, el informe de la administradora concursal rebaja a poco más de 300.000 euros (un 5 por ciento del total) la cifra de condena propuesta para Rus Cañibano. La razón que ha llevado a la fiscal a elevar sustancialmente (hasta el 31 por ciento) la petición de pena para el fundador de Los Telares que propuso el administrador concursal es que no tiene acreditada prueba alguna que exonere a Rus de responsabilidad en la supuesta generación de un "agujero" de 6,5 millones en las cuentas de Los Telares.

A diferencia de la fiscal, la administradora concursal cree que podrá aportar durante la instrucción del caso una prueba que cargaría aún más responsabilidad económica sobre Gryphus aliviando a su vez la misma sobre Julián Rus. En ese sentido, la Fiscalía habla en su informe de calificación de que la petición de condena se plantea en términos de máximos (podría ser menos dinero, pero nunca más) y pendiente de la citada práctica de pruebas futuras.

Lo que el informe de la administradora concursal da por sentado de modo inapelable, y la fiscal suscribe, es que tanto Julián Rus Cañibano como la sociedad Gryphus Partners son culpables de haber conducido a Los Telares a una grave situación de insolvencia o de haber agravado la que ya existía; es lo que en la terminología jurídica se conoce como "concurso culpable".

El calvario de Los Telares comenzó en 2012, año en el que Julián Rus Cañibano entendió que era insostenible el ritmo de pérdidas y solicitó la declaración de concurso de acreedores con el propósito de salvar su cadena textil, que por entonces daba empleo a unas 600 personas, 150 de ellas en Asturias. Tras arduas negociaciones con los acreedores se llegó al acuerdo de firmar un convenio llamado a reorientar el rumbo de la empresa y se puso en marcha un expediente de regulación temporal de empleo. Rus llegó a hacer una inyección de capital a costa de su patrimonio, pero ni por esas se lograron los objetivos. Los acreedores acabaron denunciando el convenio por incumplimiento del mismo y precipitaron el fin de una ruina anunciada dando paso a la liquidación del grupo.

Entre medias, entró en escena la controvertida sociedad suiza Gryphus Partners, que incumplió la mayoría de las promesas realizadas debido fundamentalmente a que apenas arriesgó capital enfocando su gestión a tratar de salvar la empresa con los pocos recursos que para entonces le quedaban disponibles. La relación entre los directivos que nombró Gryphus y Julián Rus, que había dado un paso atrás para ceder el control absoluto de Los Telares, se agrietó a los pocos meses y acabó siendo pésima, al punto de que al empresario le llegaron a prohibir la entrada en las oficinas centrales de la compañía.

Una vez que las partes tengan conocimiento de la calificación del concurso por parte de la Fiscalía tendrán un plazo para presentar alegaciones; la administradora concursal, en atención a la reserva de actuaciones que ha solicitado, será conminada a practicar las pruebas que estime pertinentes para acotar con exactitud las responsabilidades en cuanto a la generación de la deuda; y con posterioridad debe fijarse fecha para la vista, a celebrar en el Juzgado Mercantil número 3, con sede en Gijón.

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