El proceso para remunicipalizar el servicio de aguas en Gozón, actualmente en manos de Asturagua, ha dado otro pequeño paso. El Ayuntamiento ha contratado a una firma para que se encargue de supervisar todas las actuaciones llevadas a cabo por la empresa desde asumió el mando en 2005. La intención del Consistorio no es más que "constatar" la certeza de la cantidad que fija Asturagua sobre el capital que le adeuda el Ayuntamiento. Según la compañía, el montante asciende a 3,9 millones de euros.
Sin embargo, el gobierno ya encargó un informe para analizar algunas de esas obras y ha llegado a la conclusión que la cantidad que indica Asturagua "es excesiva". "Esta situación nos confirma, como se trasladó al juez que lleva el caso, que no existía ningún tipo de control municipal sobre las obras que ejecutaba la empresa", indicó el alcalde, Jorge Suárez, que entiende que la cuantía a pagar por la deuda con la adjudicataria es "menor".
El Regidor destacó además que la negociación sobre los emolumentos no afectará a los plazos para que el servicio vuelva a manos públicas. Es más, el gobierno local confía en adelantar la fecha fijada tras la aprobación plenaria de l pasado enero en la que se inició el procedimiento de remunicipalización del servicio. "La fecha tope que habíamos dado en un principio para que el agua vuelva a manos públicas era el 31 de enero de 2017, sin embargo, según los pasos que estamos dando podemos afirmar que asumiremos el control total del servicio antes de que finalice el año", destacó el Alcalde, que desde que tomó posesión de su cargo manifestó su defensa del sector público y más si cabe del servicio de aguas, un asunto que está judicializado. En ese proceso dirigido por la jueza Pilar de Lara, titular del juzgado Número 1 de Instrucción de Lugo, se investiga el papel de los exregidores Ramón Artime y Salvador Fernández, y de varios técnicos municipales durante los tiempos de gobierno del Partido Popular.
Una vez que el PSOE recuperó la Alcaldía tras doce años de mandato popular, Jorge Suárez y su equipo, con el apoyo de IU-Equo, iniciaron la tramitación para recuperar el servicio. Es más, IU frenó en los juzgados la ampliación del contrato del agua que pretendía ejecutar el PP en 2009. Esa ampliación ligaría a la empresa con el Ayuntamiento hasta 2030, cuestión que fue paralizada por el juez al observar diversas irregularidades en la tramitación.
