"No habrá despidos en las escuelas de cero a tres años el próximo curso". Eso aseguró el Principado en la tarde de ayer, cinco horas después de que tres educadoras de las escuelas infantiles de la ciudad recibiesen el finiquito, remitido por el gobierno local. "Esperemos que den marcha atrás, no es la primera vez que pasamos por una situación como ésta, ya lo vivimos el año pasado", señalaron ayer las profesionales afectadas, muy afectadas y con la carta en la mano. Y así será, según se desprende del comunicado del Gobierno regional: "La Consejería de Educación enviará a los ayuntamientos la última semana de este mes la resolución definitiva de plantilla para las escuelas de 0 a 3 años, que mantendrá el mismo número de educadores que hay en la actualidad, 529".
El Principado sostiene que la notificación que remitió el pasado mes de julio a los ayuntamientos (preveía un recorte de 40 plazas, tres de ellas en Avilés) y que adelantó LA NUEVA ESPAÑA "fue una estimación provisional de plantilla a partir de los datos de matrícula que se tenían hasta ese momento". "La Consejería les dio un plazo de quince días naturales para que presentaran alegaciones. Una vez superado ese plazo, el departamento que dirige Genaro Alonso remitirá la resolución definitiva, que mantendrá el mismo número de educadores que hay en la actualidad", explicaron desde el Principado.
Una vez trascendieron las comunicaciones de despido, la oposición arremetió contra el gobierno local por seguir adelante con el procedimiento para poner fin a la relación contractual con las educadoras, que recibieron ayer el finiquito, con la firma del concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez. "La situación que están viviendo las trabajadoras es totalmente increíble. Por un lado, la concejala de Educación pide más plantilla (Yolanda Alonso ha reclamado cuatro educadores, dos a jornada completa y otras dos a media jornada), mientras que el de Recursos Humanos está enviando las cartas de despido; una diferencia de criterio y de actuación que pone de manifiesto las diferencias existentes en el gobierno avilesino y su incapacidad de establecer una única hoja de ruta entre su equipo", criticó Llarina Fernández, edil de Izquierda Unida (IU).
Fuentes municipales explicaron que, una vez iniciado el proceso por la comunicación del Principado, éste debe seguir adelante, si bien todo apunta a que las tres afectadas continuarán en sus puestos el próximo curso. El propio consejero de Cultura ya había asegurado hace unos días que no habrá recortes, pero la maquinaria de la administración ya estaba activada. En el gobierno avilesino, confían en que se tengan en cuenta sus alegaciones. Si es así, y la Consejería dicta una resolución favorable (como todo parece indicar, tras el comunicado remitido ayer por el Principado), los despidos quedarían automáticamente sin efecto; la misma situación que se dio hace un año.
¿Y qué pasaría si el Ayuntamiento no comunicase los despidos y finalmente la Consejería optase por los recortes? Esas tres trabajadoras pasarían a formar parte automáticamente de la plantilla municipal (en las "escuelinas" la financiación procede del Principado, pero quien contrata es el Ayuntamiento).
"Confiamos en que todo eso se paralice. Creo que el gobierno avilesino ha sido demasiado escrupuloso con la normativa, de hecho en otros ayuntamientos se encuentran en la misma situación y no han seguido adelante. Pedimos que eviten este tipo de actuaciones, que ya vivimos hace un año", opinó la concejala del PP Ana García Bretón.
En IU y Somos, destacaron que "el Ayuntamiento de Avilés tiene el trágico honor de ser el primero en aplicar los recortes mandatados por la Consejería de Educación", a pesar de que el propio Genaro Alonso anunció días después de forma verbal que esos recortes no se llevarían a cabo. "Esto demuestra su falta de compromiso con la educación pública y su hipocresía pidiendo un aumento de plantilla mientras se tramitaban las cartas de despido", protestó la concejala de IU Llarina González. "La gente no come de buenas voluntades. Posiblemente, como ocurrió el año pasado, al final seguirán en sus puestos y tendrán que devolver el finiquito, pero todo esto se podía haber evitado. Vemos una doble responsabilidad, autonómica y municipal", expuso Primitivo Abella, de Somos.
Para Ciudadanos, la comunicación formal de los despidos "no es más que la materialización de un engaño". "La falta de comunicación del Ayuntamiento a la oposición, y la falta de consideración al colectivo afectado, ha desembocado en esta lamentable situación", expuso Carmen Pérez Soberón.
