A los concejales de la oposición les podría salir caro su rechazo a los reconocimientos extrajudiciales de crédito, según el PSOE. Y es que el gobierno local, tras ver cómo pleno tras pleno es incapaz de sacar adelante el pago de muchas de estas facturas pendientes, va a "invitar" a las empresas afectadas a acudir a la vía judicial para reclamar el abono de esos servicios prestados si en la sesión de septiembre tampoco consigue su aprobación. De salir adelante el recurso, los ediles que hayan dado su voto negativo incluso podrían tener que hacer frente a ese abono con su patrimonio.
Las firmas afectadas podrían instar al juez a aplicar el Código Penal, que en el capítulo que trata sobre la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos, establece en su artículo 404 que "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años".
El último paquete que está encima de la mesa es de unos 200.000 euros e incluye facturas de la empresa que impartía las actividades extraescolares y a la que se adeudan más de 80.000 euros desde hace meses; a las compañías que gestionan el servicio de telecomunicaciones y de teleasistencia, y una serie de facturas relacionadas con el área de Festejos. El gobierno local tuvo que sacar del orden del día del pasado pleno municipal esos reconocimientos ante la decisión del PP de votar en contra -con anterioridad había dicho que se abstendría- al incluir pagos pendientes de Festejos, un departamento en el ojo del huracán por supuestos abonos irregulares, ahora bajo investigación.
El PSOE, con ocho concejales, sólo contaba con el apoyo de la concejala de Ciudadanos, algo insuficiente. "Optamos por la responsabilidad política. No podemos convertir a este Ayuntamiento en un organismo moroso y perjudicar a las empresas que han prestado el servicio, ni tardar un año en pagar facturas de 250 euros", explicó hace unos días Carmen Pérez Soberón, la edil de la formación naranja.
El culebrón municipal por los reconocimientos extrajudiciales de crédito comenzó con el inicio del mandato. Desde un primer momento, esas facturas, que carecen de presupuesto por diversas causas (insuficiente consignación o servicios que no tienen contrato al haber finalizado el que lo sustentaba, por ejemplo), se convirtieron en el caballo de batalla de la oposición avilesina al considerar que era una "mala praxis" habitual en el Ayuntamiento. Los grupos del PP, Somos, IU, Ciudadanos y Ganemos echaron mano de informes de la Sindicatura de Cuentas, que daban un tirón de orejas al Consistorio por la frecuencia en el uso de esa fórmula -que es legal-. Los toques de atención de la oposición tuvieron su culmen en el pleno de diciembre de 2015, cuando los grupos castigaron al PSOE con el bloqueo del pago de esas deudas -un paquete de unos 200.000 euros-.
El siguiente capítulo fue en febrero, cuando se fueron del pleno todos los ediles, excepto los del gobierno, para no votar los reconocimientos. A los dos días se convocó una nueva sesión plenaria, que también dejó sobre la mesa esa votación, que finalmente se llevó a cabo el 25 de febrero al comprometerse la alcaldesa, Mariví Monteserín, a reducir esa fórmula administrativa, aunque reconoció que no va a desaparecer. Los 384.000 euros pendientes de pago salieron adelante con los únicos votos del PSOE.
La tensa calma de los siguientes plenos se rompió en julio, cuando se volvió a rechazar el pago a la empresa que presta el servicio de las actividades escolares por una equivocación en la votación de la concejala de Ciudadanos, que remendó al permitir que sí se abonaran las facturas de gas de la Fundación Deportiva Municipal.
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