La decisión del gobierno local de volver a externalizar el servicio de gestión y recaudación de multas no ha sentado bien en las filas de Izquierda Unida, que lo ven como un "motivo más" de alejamiento de las políticas de los socialistas. "El PSOE nos obliga sistemáticamente a decir que las cosas no se hacen así. No es de recibo que vuelvan a privatizar el servicio y encima esgrimiendo que el Ayuntamiento no tiene capacidad para hacer ese trabajo por sí mismo, cuando tiene unos técnicos municipales excelentes", criticó Carmen Conde, concejala de la coalición.

La edil de IU aseguró que la externalización del servicio "no es una forma de tender puentes". "Esto es más de lo mismo, con una diferencia: antes tenías mayoría pero ahora sólo ocho concejales. Con esos mimbres no se puede hacer un gobierno estable con los grupos de izquierda. Si remunicipalizas ese servicio, haces un guiño a la izquierda y podemos ser un apoyo para combatir al PP y sus negativas políticas hacia los ciudadanos. La verdad es que ahora a nosotros nos lo pone muy fácil para decirle que no", espetó Conde.

El gobierno socialista decidió externalizar este servicio ya en 2010 alegando el alto volumen de trabajo que ocasionaba y no tener un espacio adecuado en el Consistorio. Las razones, en la actualidad, son casi las mismas, según se recoge en el pliego de condiciones. Así, el Consistorio gestiona una media de 31.466 denuncias de tráfico y seguridad vial al año, con unos ingresos voluntarios por esas sanciones de 717.951 euros.

Las empresas tienen hasta el próximo 29 de agosto para presentar sus ofertas. El tipo de licitación, según explica el Ayuntamiento, se fija en un porcentaje en función de las sanciones recaudadas por la vía voluntaria. Éste puede oscilar entre el 25 y el 30 por ciento. Cuanto más bajo sea el beneficio para la empresa, más puntuación recibe. Eso sí, la retribución a percibir por el adjudicatario nunca será inferior a los 60.000 euros anuales (más IVA).