Las catorce alegaciones que recibió el plan del casco histórico -que obtuvo el visto bueno inicial del Pleno hace unos meses- no entorpecerán la aprobación definitiva del mismo. Esta es, al menos, la previsión del portavoz del gobierno municipal, el socialista Luis Ramón Fernández Huerga, quien valoró el menor número de alegaciones respecto a la anterior versión del plan (14 frente a 29) y un carácter más específico de la mayoría de ellas, que no cuestionan la filosofía del plan sino que aluden a aspectos técnicos de cada actuación. "Así que las alegaciones son muchas menos y tienen un contenido más particular", indicó el portavoz.

La puesta en marcha del plan especial de mejora del casco histórico es una tarea pendiente desde hace más de una década, y se ha visto demorada primero por retrasos en la elaboración del documento, después por un revés judicial que obligó a volver al punto de partida. Ahora, finalmente, está a punto de llegar a buen puerto, según confía el gobierno socialista. "Ahora toca revisar las alegaciones, estudiarlas e informarlas, ver el resultado y debatirlo en el Pleno. Pero creo que las alegaciones van en la línea de lo que se podía esperar y el documento avanza así hacia la aprobación definitiva porque las alegaciones, aunque se aceptaran, no modificarían sustancialmente la idea general del plan", destacó Huerga.

Las únicas alegaciones de carácter general son las que presentó el Colegio de Arquitectos y el grupo municipal Somos que, junto a Ganemos, votó en contra del documento. Así, según señala David Salcines, portavoz de Somos, el plan tiene carencias "también en lo referido a las líneas de actuación como planteamiento de conjunto". La formación morada considera que no se prioriza la protección patrimonial y cultural del conjunto histórico, permitiendo la descatalogación o rebaja del nivel de protección, como ocurre por ejemplo en el palacio de Carlos Lobo. Somos también critica "la falta de liderazgo en el proyecto por parte del Ayuntamiento", y echa en falta una estrategia de conjunto. Además, llama la atención sobre la ausencia de un estudio arqueológico que delimite el perímetro de la muralla. Y, por último, critica la renuncia al diez por ciento del aprovechamiento público.