Algunos de los vecinos afectados por las expropiaciones para la construcción de los accesos al Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) acaban de recibir un nuevo varapalo a cuenta de la valoración de sus terrenos. Los propietarios que recurrieron a principios de año el precio que ofrecía el Principado de Asturias, una media de 2,7 euros el metro cuadrado, están empezando a recibir las cartas del Jurado de Expropiaciones, que los cuantifica al doble, unos 5 euros por metro cuadrado, una cantidad todavía "insuficiente" y "vergonzosa".
"Esto ya no es un robo, es un expolio. Los vecinos no están de acuerdo porque no es la valoración real del suelo. Hay personas que compraron esos terrenos en 1999 a lo que hoy serían 16 euros el metro cuadrado y apenas les ofrecen cinco. Sabemos que en las expropiaciones siempre sales a perder, pero no tanto", lamentó Covadonga Vega, portavoz de los expropiados.
Para la ejecución de los viales del PEPA el Gobierno regional necesitó expropiar unos 55.000 metros cuadrados ubicados entre Trasona y Llaranes Viejo. Algunos de esos vecinos afectados ya cobraron el dinero porque decidieron "resignarse" y aceptar lo que les proponía el Principado; la mayoría, los que eran propietarios de grandes bolsas de terreno, no. Los afectados consideran que ni el Gobierno regional antes ni ahora el Jurado de Expropiaciones están teniendo en cuenta el valor de los "bienes de alzada afectados", como son los cierres, los muros... e incluso que las parcelas fueran edificables. "Están calificando esos suelos como general para viales y hacen una valoración muy por debajo de lo que cuesta realmente", aseguró Vega.
Los vecinos afectados no descartan seguir pleiteando contra el Principado por lo que consideran un valor justo de sus suelos. El siguiente paso sería ir por la vía judicial, a través del contencioso-administrativo.
Mientras los expropiados esperan a cobrar su dinero, las obras de construcción de los accesos al PEPA continúan y ya han superado el ecuador. Hasta el momento, se ha ejecutado en torno al 60 por ciento de unos trabajos que se reanudaron a finales de 2015 tras la resolución de un problema el traslado de una línea de alta tensión. La Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente tenía presupuestada para este año una partida de cinco millones de euros. La mayoría de la inversión se reservará para el año que viene, cuando el Principado tiene previsto que la carretera entre en funcionamiento. El total de las obras está estimado en unos 34 millones.
Sin embargo, todas esas previsiones se pueden venir abajo si la Consejería y el Ministerio de Fomento no llegan a un acuerdo para desbloquear el pinchazo de la autovía de acceso a Avilés. La situación de interinidad del Gobierno nacional no está facilitando las gestiones entre ambas administraciones. La traba para ese acuerdo es la diferencia de criterio sobre cuándo debe asumir el Principado la gestión de la autopista "Y" en el tramo en que ésta se bifurca hacia la autovía del Cantábrico y el acceso a Avilés, que es donde conectarán los accesos al PEPA. El Ministerio estima que la cesión se debería hacer firme antes de acometer las obras del pinchazo; el Principado, después.
Mientras tanto, las obras continúan. Los trabajos se centran actualmente en los movimientos de tierras en la "trompeta" de Llaranes, los remates de terminación del camino de Las Niñadas y la construcción del viaducto E-6, que permitirá el acceso al polígono de la ría. En ese punto, las labores consisten en el hormigonado de su tablero y en la finalización del muro de tierra armada que conforma el estribo dorsal. Ya está resuelto, además, el nudo sobre la carretera AS-19, de titularidad autonómica y que comunica Avilés y Gijón.
En total, los trabajos suponen la colocación de siete estructuras de un kilómetro de longitud, la ejecución de diversos muros de tierra para evitar afecciones a la autopista AI-81 y a los terrenos de Arcelor, así como muros de hormigón armado y escolleras de contención.
