Los residentes en el inmueble que se levanta en la esquina de la avenida de Cervantes y la calle Portugal -formado por 42 pisos y cuatro bajos comerciales- esperan una resolución favorable del litigio que les enfrenta a la multinacional eléctrica EDP, a la que acusan de ocupar ilegalmente un local de 13 metros cuadrados en la planta baja del edificio y, peor aún, de haber instalado en su interior un centro de transformación eléctrica que supuestamente vulnera las medidas de seguridad, de modo que se sienten en riesgo de ser víctimas de "descargas de 10.000 voltios".

Este temor, según explicó el expresidente de la comunidad de vecinos Vicente Ordóñez, tiene su fundamento en los informes periciales presentados en el juicio iniciado contra EDP para que regularice la situación del centro de transformación eléctrica o lo cierre y que ayer quedó visto para sentencia en el palacio de Justicia de Avilés: "Esos informes concluyen que dos cables de alta tensión (por los que pasan 10.000 voltios) y los de baja (de 220 voltios) no guardan la distancia debida, con el riesgo que esto entraña en caso de cruzamiento; alguien podría enchufar un aparato en su casa y recibir una descarga de miles de voltios".

La disputa por la legalidad del centro de transformación eléctrica es antigua; ambas partes llevan al menos cinco años en litigio. Ahora será un juez el que aclare a quién asiste la razón: si a los vecinos, que aportaron pruebas de que la propiedad del local en discusión es la comunidad del edificio, o a EDP, que argumenta tener un contrato privado de cesión. Para esclarecer la discutida propiedad estaba prevista ayer la declaración como testigo del gerente de Jicasa, la empresa que construyó el edificio, pero finalmente esta persona no se presentó en el Juzgado.

Así pues, y practicadas todas las pruebas testificales y periciales que se entendieron oportunas, el juez dio por finalizada la vista y emitirá sentencia en los próximos días. Los abogados de cada parte se ratificaron ayer en sus tesis conocidas: el de los vecinos sostiene que EDP carece de "justo título" para usar el local donde tiene el centro de transformación, además de incurrir en ilegalidades de orden técnico que acarrean problemas de seguridad para el vecindario; y el de EDP defiende el derecho de su cliente a usar el local en base al contrato suscrito en su día.