La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dio ayer luz verde a la jubilación anticipada de los policías locales y pidió al Gobierno que agilice su puesta en marcha. Se trata, como dijo el propio presidente del organismo y regidor de Vigo, Abel Caballero, de una "reivindicación histórica" de este colectivo que partió de los agentes de Avilés hace una década. "Los policías locales se jubilan a los 65 años, pero entendemos que tienen una actividad de riesgo que requiere que sean englobados en el marco de las jubilaciones anticipadas y puedan retirarse voluntariamente a los 59 años", afirmó Caballero ante los medios de comunicación tras la reunión del consejo territorial, el máximo órgano de la institución que encabeza.
El Ministerio de Empleo había llevado a consulta ante la FEMP la jubilación anticipada de los agentes locales y regionales, y con la ratificación de ayer ya sólo queda un decreto para su entrada en vigor. "Hoy mismo -por ayer- pediré una entrevista con la ministra Fátima Báñez para que esta jubilación anticipada llegue a término de la forma lo más breve posible", anunció el presidente de la FEMP. Y añadió: "En esa entrevista trataremos la letra más pequeña, pero nuestra decisión es firmes".
El acuerdo alcanzado ayer por los alcaldes es, según Caballero, "histórica y de la mayor importancia". En España, hay cerca de 70.000 policías locales, de los que 3.200 tienen más de 60 años y otros 4.000 entre 55 y 60. El número total de Ayuntamiento en España con cuerpos de Policía Local es de 2.124. En Asturias, la jubilación anticipada beneficiaría a unos 411 agentes. En cambio, de no adoptarse tal medida, en 2018 de los 1.187 policías locales que patrullan en Asturias, 654 superarían los 50 años, esto es, el 55 por ciento de los agentes, según los cálculos sindicales. En Avilés hay 34 agentes de más de 50 años en una plantilla de 119, según los datos de la Confederación de Seguridad Local (CSL).
El Gobierno debe aprobar ahora un Real Decreto que contemple la jubilación anticipada de los policías locales, a los 59 años, sin penalización en su pensión futura. El esfuerzo económico para los ayuntamientos es importante, ya que deberán aportar parte del sobrecoste de la cotización. La lucha por la jubilación anticipada con la aplicación de un coeficiente reductor comenzó en 2006, con un estudio médico que demostraba que las condiciones psicofísicas se reducen con la edad. Después, la Confederación de Seguridad Local (CSL) preparó un estudio con el cálculo económico de lo que supondría para el Estado, y que demuestra que es sostenible. Los beneficios de esta conquista son que se rejuvenecerán las plantillas, se potenciará la creación de empleo y también los ciudadanos tendrán un mejor servicio.
