El Ayuntamiento de Avilés deberá celebrar, por mandato judicial, un pleno extraordinario para decidir sobre la creación de una comisión de investigación acerca de la privatización del servicio del agua, que en 2009 quedó en manos de la empresa Aquagest, envuelta en un presunto caso de corrupción con ramificaciones por varios municipios de Asturias y de otras regiones españolas. La sentencia da la razón a un recurso presentado por Somos, Izquierda Unida (IU) y Ganemos contra el gobierno local, al que acusaron de haber impedido la votación para poner en marcha esta comisión durante la sesión del 27 de noviembre de 2015, a cambio de constituir otra meramente informativa y que finalmente se desarrolló a lo largo de este año. Los demandantes denunciaron entonces que se vulneró el "derecho a la participación política que recoge el artículo 23 de la Constitución" por el veto a su propuesta.
El fallo del juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Oviedo, que firma el magistrado David Ordóñez, entiende contrario a derecho, y por tanto nula, la decisión tomada en aquel pleno y obliga a repetirlo para que se vote la propuesta de crear una comisión de investigación relativa a la privatización del agua, que había impulsado Izquierda Unida junto a Somos, Ganemos y Ciudadanos y que el gobierno local del PSOE rechazó votar. Este tipo de comisión permitiría que los grupos políticos llamaran a declarar a dependencias municipales a personas relacionadas con el proceso de adjudicación.
La polémica arrancó a principios de noviembre del pasado año, cuando IU, Somos, Ciudadanos y Ganemos registraron una solicitud para celebrar un pleno extraordinario que abordase una moción para la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre el contrato de Aquagest (que hace siete años se adjudicó con el apoyo del PSOE, el PP y ASIA). Poco después, los socialistas presentaron una enmienda a esa moción al entender que los ayuntamientos carecen de competencias para constituir comisiones de investigación y que, por lo tanto, lo procedente era poner en marcha una de información y estudio. El PP registró otra para solicitar que el contrato del agua se publicara en la web municipal. Y, minutos antes de la sesión, los cuatro grupos impulsores introdujeron una tercera para pedir cambiar el nombre de "comisión de investigación" por el de "comisión informativa para investigar".
Al votarse en primer lugar la propuesta socialista, que salió adelante con el apoyo del PP (pese a las dudas iniciales del portavoz, Carlos Rodríguez de la Torre, y otras dos ediles), el gobierno local estimó que no procedía que se decidiera sobre la propuesta de Somos, IU, Ganemos y Ciudadanos. Algo que los afectados consideraron una "medida vergonzosa". Ya entonces, anunciaron su intención de iniciar acciones por diversos cauces contra este procedimiento.
En un primer momento, recurrieron por vía administrativa a través de un recurso de reposición, que el Ayuntamiento rechazó al entender que no tiene competencias para constituir una comisión de investigación, de acuerdo a sus servicios jurídicos. Por eso, los concejales partidarios de ella optaron por la vía judicial. El fallo, contra el que cabe recurso, les da ahora la razón.
Según el juez, "independientemente de las denominaciones que se utilicen en el procedimiento de adopción de decisiones en el marco municipal, lo cierto es que la propuesta de lo que se debe debatir y votar en la sesión extraordinaria queda en manos de los proponentes de la iniciativa que justifica la convocatoria del pleno extraordinario". "Resulta evidente que el objeto que proponían los concejales que ejercieron la iniciativa extraordinaria era indagar sobre las relaciones de los políticos, el Ayuntamiento y la empresa mixta Aguas de Avilés con Aquagest y el resto de empresas vinculadas con la trama del agua, mientras que lo finalmente sometido a votación y que finalmente se aprobó fue aclarar a los grupos municipales todas las dudas que puedan surgir de este proceso administrativo", remata.
