La adjunta segunda del Defensor del Pueblo, Concepció Ferrer i Casals, recomienda "que se valore la conveniencia y oportunidad, dadas las repercusiones sociales del sistema de sanciones derivado de la ORA, de impulsar en los municipios afectados el más estricto respeto a las garantías del procedimiento sancionador. También se insta a una toma de conciencia de los serios problemas logísticos y económicos que produce el sistema de ciudadanos y a que se impulsen políticas públicas de creación de aparcamiento gratuito o bonificados". Esta recomendación es la respuesta que recibió de su queja la plataforma ciudadana "Stop ORA".
