El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJ) ha desestimado el recurso de apelación por el que el Ayuntamiento de Corvera intentaba hacer efectivo el aval de las construcción de las piscinas de Las Vegas, por lo que será el concejo el que tendrá que hacer frente a los problemas que han aparecido desde hace unos meses en las instalaciones. "Se trata de un edificio municipal, aunque tenga gestión privada. Estudiaremos qué hacer para solventar los problemas que se derivan de la construcción de las piscinas porque queremos que los corveranos que utilicen la instalación lo hagan en las mejores condiciones", afirman desde el gobierno local. El Ayuntamiento valora los defectos de construcción de la instalación en unos 70.000 euros.
La sentencia del TSJ reafirma la que el Juzgado Contencioso-Administrativo de Oviedo había dictado en marzo de este año, después de que el Ayuntamiento requiriera el aval de 69.844 euros de la empresa constructora y ésta iniciara el proceso judicial para revocar la decisión del Pleno municipal. La constructora alegó que "la garantía aportada tenía un plazo para ejecutarse, que era de un año establecido en el pliego de las cláusulas administrativas particulares, desde la recepción de la obra". Eso es lo que ha pesado a la hora de dictar sentencia, aunque el Ayuntamiento ha defendido hasta la última instancia que en este caso ha de regir la Ley de Ordenación de la Edificación, que recoge que la garantía ha de ser por diez años.
"Este es un regalo envenenado más de las piscinas, que hacen agua por todos lados, pese a haber tenido un sobrecoste de un 40 por ciento en su construcción", sentencian desde el gobierno local. El actual gobierno explica que fue en 2015 cuando se detectaron los defectos de construcción a través de un informe de la ingeniera técnica municipal. "Aunque los hubiésemos detectado antes no habríamos podido ejecutar el aval, ya que llegamos al gobierno en 2011 y el aval tenía de plazo hasta octubre de 2009, cuando todavía gobernaba la alianza PP-USPC que había realizado la obra", explican, para añadir que "no se puede pedir una garantía de un año -la obra se entregó en octubre de 2008- para una obra que costó 2.400.000 euros".
El gobierno local insiste en la herencia envenenada que ha dejado la piscina. "Todo se debe a una forma negligente de hacer las cosas por parte del gobierno USPC-PP. Ya conseguimos en 2011 modificar el contrato de gestión por 25 años que habían firmado, en el que todos los gastos eran del Ayuntamiento y todos los ingresos de la empresa, ahora solo hay un canon. En 2011 todavía la empresa concesionaria no había entregado los 160.000 euros de inversiones que tenían que hacer según el contrato y ya lo recuperamos. Ya un queda pendiente el problema de las máquinas del gimnasio, adjudicado a una empresa que ya no tiene recambios, un problema que ya está en manos judiciales", señalan.
Sea como fuere, el gobierno ha decidido no seguir adelante con los recursos por el aval de las obras e insiste en que ya está trabajando para solucionar los problemas de la instalación.
