Los 34 trabajadores de la firma auxiliar Montrasa-Maessa que realizaban tareas de mantenimiento y asistencia a la producción en la fábrica de aluminio de San Balandrán y que fueron despedidos tras rechazar su empresa optar a la renovación del contrato que la ligaba a Alcoa prosiguen su calvario, ahora en los juzgados. Si el pasado viernes tuvieron un juicio a instancias de Alcoa, que les acusa de haber causado daños en el interior de la factoría en el transcurso del encierro de varias semanas que protagonizaron en la misma, la visita al Juzgado que la mitad del colectivo tenía que hacer esta mañana para testificar sobre su despido (que consideran nulo) ha quedado aplazada.

Los trabajadores, que ahora se hallan al paro y sin expectativas laborales, recibieron ayer con sorpresa la noticia de que Montrasa-Maessa, su antigua empresa, la que les despidió, ha entregado un escrito a la magistrada titular del Juzgado número 2 de Avilés haciendo ver que existe un supuesto conflicto jurídico entre la vista convocada para debatir sobre la legalidad de los despidos y el procedimiento jurídico pendiente de resolver en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y que tiene que ver con el recurso que presentaron de forma colectiva los trabajadores en oposición a la sentencia del Juzgado de Avilés que rechazó su pretensión de que Alcoa les subrogase una vez roto el vínculo de la multinacional con Montrasa-Maessa.

Ricardo Martínez, portavoz habitual de los 34 trabajadores puestos en la calles, criticó ayer la "argucia legal" de Montrasa -"una treta para entorpecer", según la calificó- y lamentó las "zancadillas de todo tipo" que recibe el colectivo al que pertenece en su defensa de los puestos de trabajo perdidos. "La jueza fijó un plazo de dos días para que las partes aleguen a la petición de Montrasa de suspender el juicio que debe resolver sobre la nulidad de nuestros despidos; por nuestra parte la alegación es clara: este juicio contra Montrasa viene promovido de forma individual por cada trabajador afectado por los despidos y no tiene absolutamente nada que ver con la demanda colectiva de subrogación pendiente de dirimir en el TSJA. No obstante, será la jueza la que decida si el juicio sigue adelante o se aplaza", manifestó Martínez.

Los afectados por la ruptura de la relación empresarial de Montrasa-Maessa y Alcoa tienen convocada una reunión esta mañana para ponerse al día de los varios frentes judiciales que tienen abiertos, revisar su estrategia y, en palabras de Ricardo Martínez, "exigir a la federación regional de Industria de CC OO, nuestro sindicato, que de una vez por todas salga de la cueva y dé la cara por nosotros". Los despedidos de Montrasa-Maessa están muy dolidos con la supuesta pasividad sindical en su defensa.