María Teresa Andreu Losantos es la directora de Vivienda del Gobierno de Aragón. Ayer, en Avilés, en el marco de las jornadas para gestores públicos sobre vivienda, abordó la experiencia que está teniendo la Administración regional con entidades no lucrativas para poner a disposición de las personas con menos recursos pisos en alquiler.
-¿En qué consiste ese proyecto?
-La colaboración es para la gestión de la bolsa de viviendas de alquiler social. Nosotros incorporamos viviendas a través de la cesión de particulares, bancos, sociedades inmobiliarias... y son lsa entidades las que la gestionan. Ellos se encargan de encajar la familia con la vivienda, de su puesta en marcha. Además de la gestión del cobro del alquiler, hacemos un seguimiento a la unidad de convivencia. Muchas de esas personas proceden de un desahucio y lo que hace esa entidad social es ese acompañamiento y puesta en relación con otros recursos sociales. La principal ventaja es la cercanía y la inmediatez.
-¿Y eso no lo podrían hacer las administraciones públicas?
-Uno de los grandes problemas que tenemos las administraciones públicas es que cuesta mucho gestionar y a través de una entidad vamos mucho más rápido. Cuanto tenemos que dar una respuesta a un desahucio lo tienes que hacer de forma inmediata, con lo cual tienes que encontrar la vivienda de forma rápida, formalizar el contrato de forma rápida y la verdad es que a la Administración le cuesta; es una maquinaria demasiado lenta.
-¿Con qué entidades trabajan?
-Son cuatro entidades con las que el anterior gobierno autonómico firmó un convenio hasta el 2018. En esta legislatura hemos hecho un llamamiento al resto de entidades sociales porque entendemos que hay que aumentar el perfil. Esas entidades, que ahora están haciendo un gran trabajo, es más bien asistencial y creemos que hay que darle un plus. El objetivo de las bolsas de alquiler social es la inclusión, es darles una nueva alternativa. No solo necesitan medidas asistencialistas sino darle un toque más real. Es un poco buscar todas las patas del banco. Por un lado está la vivienda pero por otro lado está el tema de empleo, de educación... Ahí vemos que necesitamos un mayor empuje.
-¿Qué tal es la colaboración en el programa por parte de los propietarios o de los bancos?
-Hemos hecho un programa de captación y movilización de vivienda vacía y lo que les estamos asegurando, sobre todo, a los particulares, es el cobro del alquiler y el mantenimiento de la vivienda. Para los propietarios es una gran ventaja.
-¿Cuál es el perfil del usuario de estas viviendas?
-La realidad es que nos gustaría que fuese otro. El problema es que cerca del 40 por ciento son personas que provienen de un desahucio, con lo cual la posibilidad de intervención con ellos es menor, porque ya vienen de una pérdida importante, llevan un proceso que yo llamo de duelo y eso es un handicap para incorporar a estas familias. Luego nos encontramos con muchas familias monomarentales, la mayoría mujeres al cuidado de sus hijos, y parejas con uno o dos hijos. Es un perfil diferente a lo que pensábamos, porque creíamos que íbamos a tener una población mayoritariamente inmigrante, y ésta representa el 35 ó 40 por ciento de la que ocupa estas viviendas.
-Se están encontrando con personas a las que ustedes son casi su última oportunidad...
-Es población que no ha sufrido tanto una pérdida de ingresos económicos en los últimos años sino que realmente llevan mucho tiempo en una situación de precariedad. Éste es otro de los problemas que cuenta la bolsa de alquiler. Lo que queríamos era plantear un recurso de alternativa habitacional a aquellas personas que están con dificultad, pero la realidad con la que nos encontramos es que muchas veces trabajamos con lo que es la exclusión social.
