Un año de prisión, orden de alejamiento durante un lustro y el pago de una indemnización de 4.000 euros. Esta es la pena que ha impuesto la Sección Segunda de la Audiencia Provincial a C. M. S., el corverano acusado de pedir una felación a un incapaz en mayo de 2014. El tribunal absuelve al procesado del delito contra la integridad moral que también se le imputaba, pero le condena por un delito de corrupción de menores e incapaces. La sentencia no es firme y, contra ella, cabe recurso de apelación. Un año de prisión es la pena mínima que recoge el Código Penal por este delito (el máximo es de cuatro años de cárcel).
La sentencia recoge como hechos probados que C. M. S. coincidió el 29 de mayo de 2014 en la parada de autobús de Llano Ponte con la víctima, que entonces tenía 34 años pero que padece un grado de discapacidad del 65% por un trastorno del desarrollo por autismo y retraso madurativo. El acusado, con la intención de satisfacer su deseo sexual, se dirigió a el joven y percibiendo que tenía disminuidas sus facultades le espetó: "Te doy diez euros si me chupas la trompa".
Como defendió la acusación particular, a cargo del letrado José Ramón Nistal, la víctima "presentaba una edad mental equivalente a cinco o seis años, si bien conservaba autonomía para viajar solo en el autobús urbano". De hecho, el 4 de febrero de 2015 fue declarado totalmente incapaz para regir su persona y bienes, reactivándose la patria potestad de sus padres.
Como consecuencia de estos hechos padece en la actualidad problemas de concentración, irritabilidad, inquietud y temor a la hora de abandonar el centro educativo al que acude, y ha sufrido un retroceso en las habilidades que había adquirido, especialmente en su autonomía y relaciones sociales.
La sentencia también recoge como probado que días antes de la petición de la felación, el acusado lanzó al joven al menos un cigarrillo encendido, que le quemó la manga de la cazadora.
En el juicio, celebrado la semana pasada en Oviedo, la fiscal pidió para C. M. S. la pena máxima prevista para el delito de corrupción de menores, cuatro años, el alejamiento del acusado de la víctima a una distancia de al menos 500 metros durante cinco años y el pago de una indemnización "por el daño sufrido" de 10.00 euros. El abogado de la acusación particular, José Ramón Nistal, amplió los cargos con la petición de dos años más de cárcel por abuso sexual. La defensa solicitó la absolución.
Estos hechos fueron los desencadenantes de un rocambolesco incidente por el que cuatro policías locales de Avilés (uno de ellos el padre del joven que fue víctima del delito de corrupción de menores) acabaron siendo juzgados por delitos de detención ilegal y torturas.
El juez absolvió finalmente a los agentes por estos delitos y condenó a dos de ellos a seis meses de prisión como autores de un delito de amenazas contra el hombre que ahora ha sido condenado a un año de prisión.
