La Fiscalía del Principado de Asturias solicita tres años de prisión y cinco de retirada de la patria potestad para una mujer acusada de llevase a su hijo a vivir a Madrid sin el consentimiento del padre del niño y sin contar con los informes favorables de los Equipos de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF). La vista oral está señalada para el lunes a las once de la mañana en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés.
La acusada ostentaba la guarda y custodia de su hijo menor de edad (nacido en el año 2010) sometida al cumplimiento de una serie de condiciones, entre ellas la intensificación de la intervención de los EITAF y que la escolarización del menor se realizara en un centro de Avilés para permitir un mejor seguimiento por el citado Equipo de Intervención y evitar que se alejara al menor de su lugar de domicilio. La patria potestad era a su vez compartida por ambos progenitores, lo que suponía que ninguno de ellos podría adoptar decisiones que afectasen al menor sin contar con el consentimiento o conocimiento del otro progenitor y un régimen de visitar a favor del padre, que se debía cumplir a través del "punto de encuentro".
La Fiscalía sostiene que, pese a conocer los términos de esta sentencia, la acusada, voluntaria y conscientemente, decidió de manera unilateral y sin que existiese resolución judicial que lo autorizase, llevarse en abril de 2015 al menor (entonces con cinco años) a vivir a Madrid, donde lo matriculó en un colegio sin informe favorable del EITAF y sin poner este hecho en conocimiento del otro progenitor.
"Punto de encuentro"
Éste no supo nada del menor desde octubre de 2014, momento en que la acusada decidió dejar de llevar al niño al "punto de encuentro" para cumplir el régimen de visitas establecido, siempre según el relato fiscal, que incide en que desde que viajaron a Madrid, la mujer y el niño estuvieron ilocalizables. La acusada acudió al juzgado en septiembre de 2015 al saber que estaba en busca y captura. La mujer, condenada en varias ocasiones entre los años 2012 y 2015 como autora de faltas de incumplimiento en régimen de visitas, se enfrenta ahora a un delito de sustracción de menores.
Ante estos hechos, el Ministerio Fiscal pide para la mujer un total de tres años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, la privación de la patria potestad durante cinco años y el abono de las costas procesales.
