Patricia y Carlos -nombres ficticios para no identificar al menor implicado en el caso- se vieron las caras ayer en el Juzgado de Avilés. Ella se sentó en el banquillo de los acusados como supuesta autora de un delito de sustracción de menores: ante el juez del Penal número 2 de Avilés reconoció que, poco antes de Semana Santa de 2015, huyó a Madrid con su hijo sin el consentimiento del padre del niño. Y argumentó por qué tomó esta decisión que, según declaró y luego ratificó una testigo, comunicó en su momento a la educadora del Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF) que trabajaba desde 2013 con la familia. "Huí porque tenía pánico del padre de mi hijo, tenía miedo de salir a la calle porque el 1 de septiembre de 2014 volví a nacer tras un intento de atropello. Aquel día fui consciente de que podía matarme y de que podía ser una víctima más que sale en los telediarios", declaró.

Aquel 1 de septiembre de 2014, Patricia sufrió en Gijón un supuesto intento de atropello por parte del padre de su hijo, condenado en el año 2011 a 22 meses de prisión y a una orden de alejamiento. Este caso, no obstante, quedó sobreseído porque según el abogado de Carlos, Ignacio Manso, la presunta víctima llevó a un supuesto testigo presencial de los hechos al que el juez no le dio crédito. Al menos otras diez denuncias de Patricia a Carlos fueron archivadas en los últimos años. "La última vez que vi a mi hijo fue en octubre de 2014, un par de horas, y cuando ella desapareció me dijeron que ella haría todo lo posible para que jamás volviera a verlo", dijo el hombre, que no pudo contener las lágrimas.

A la salida del juicio -suspendido después de tres horas de duración para poder incorporar la testifical de un técnico del punto de encuentro familiar que debe ratificar un informe-, el abogado de Carlos aclaró: "Se nos intenta hacer ver ahora que existe un estrés postramáutico por una serie de incidencias, todas ellas falsas, porque ella tiene once sentencias condenatorias por incumplimiento del régimen de visitas y ninguna sentencia condenatoria sobre mi representado". Para el letrado, "el caso se ve claro por las innumerables sentencias condenatorias de la madre".

El abogado de Patricia, José Manuel Rodríguez, argumentó por su parte: "Estamos convencidos de que el juez, tras escuchar a mi defendida, tendrá las razones y los motivos que tuvo para actuar como actuó. Ella estaba deseando explicarlo y confiamos en que finalmente acabe absuelta". El Ministerio Público pide para la acusada una pena de tres años de prisión y cinco de retirada de la patria potestad por llevarse a su hijo a vivir a Madrid sin el consentimiento del padre del niño y sin contar con los informes favorables del EITAF. El juicio proseguirá en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés con una segunda vista que se celebrará antes de treinta días para no repetir todo lo avanzado ayer, y será entonces cuando tengan lugar las conclusiones del fiscal, la acusación particular y también de la defensa.

Por el Juzgado pasaron ayer once testigos que aportaron luz al caso. La primera en declarar fue la imputada, que a preguntas de la fiscal dijo conocer que tenía la patria potestad sobre su hijo condicionada al control del EITAF y a que este fuera escolarizado en un centro de Avilés. "Cumplí con esto hasta septiembre de 2014, cuando se produjo el intento de atropello. A partir de esa fecha -Patricia fue diagnosticada de estrés agudo- me dijeron que tenía que seguir con el régimen de visitas y cumplí en dos ocasiones. En la segunda visita me lanzaron una botella de agua. Le comuniqué a mi abogada la situación y le dije que a partir de esa fecha no volvería a llevar al niño al punto de encuentro. A Madrid me fui huyendo. Yo no quería ocultar nada, solo que él no supiera mi dirección. Una vez allí renuncié a la protección policial porque quería empezar de cero", declaró la acusada, que agregó, afectada: "Aquel 2014 fue el doble parricidio de La Arena y me vi identificada".

Además del padre del menor, que solo pide reencontrarse con su hijo, prestaron declaración psicólogos, educadores y agentes de la Policía Local y Nacional que de una forma u otra tuvieron relación con la pareja. Una policía relató que la primera vez que Patricia acudió a la comisaría fue para preguntar si podía ir de vacaciones. "Era agosto, llevaba un jersey de cuello alto y gafas. Iba marcada casi de la punta del pie a la cabeza. Entonces nosotros actuamos de oficio", dijo. Por aquel supuesto caso de maltrato, Carlos ya pagó una condena. Ahora en el banquillo de los acusados está su expareja. Carlos quiere recuperar a su hijo nacido en el año 2010, al que no ve desde hace casi dos años y medio.