El Ayuntamiento de Gozón ha afrontado el primer pago vinculado a las expropiaciones de terrenos en Balbín para la construcción de las instalaciones deportivas de la entrada de Luanco. Para esta operación económica, Hacienda ha desembolsado 176.373,26 euros para abonar los solares de dos propietarios de terreno. "Esas dos personas decidieron no recurrir más el precio que marcaba el juzgado", explicó el alcalde de Gozón, Jorge Suárez (PSOE). Ese dinero fue reservado en el presupuesto municipal dentro de una partida de 200.000 euros.
Los precios que, por el momento, ha dictaminado la justicia, no convencen a los propietarios de los 40.000 metros cuadrados expropiados a principios de la pasada década. Las instalaciones deportivas de Balbín entraron en uso en 2005 y desde entonces, el proceso continúa. "Salvo las dos personas que decidieron cobrar ya, el resto recurrió la decisión del juez que fijaba el precio por metro cuadrado en 34 euros", señaló el regidor gozoniego. A falta de una pronunciación definitiva del jurado provincial de expropiación, el gobierno calcula que la cifra a pagar por esos terrenos superará los dos millones de euros. Esa cantidad está incluida dentro de los 15 millones de euros que el Ayuntamiento debe, según los cálculos realizados por el gobierno.
"Preferimos incluir una cantidad en el presupuesto para abonar las cantidades que se puedan pagar teniendo en cuenta la situación económica municipal", destacó el Alcalde. Los terrenos para habilitar el campo de fútbol de hierba sintética, las canchas de tenis y el aparcamiento público con capacidad para decenas de coches fueron expropiados en un principio como suelo rústico.
En su momento, esa situación derivó en que el Ayuntamiento abonara entonces medio millón de euros, es decir, a 8,64 euros el metro cuadrado. Los propietarios consideraron que esa cantidad no era suficiente, recurrieron y, años después, en 2011, consiguieron que ese suelo fuera catalogado como urbanizable. Es decir, que el precio a pagar por el Ayuntamiento aumentaría considerablemente. Una sentencia del Tribunal Supremo fechada en enero de 2011 avaló las tesis de los propietarios de los terrenos.
Tras años de litigio entre el Consistorio gozoniego y los propietarios, el actual gobierno entiende que ha llegado el momento de asumir la deuda. Jorge Suárez y su equipo quieren que el jurado de expropiación fije una cantidad en la mayor brevedad posible para aparcar un asunto con más de una década de tramitaciones, papeles y decisiones judiciales.
