"La gestión administrativa y la justificación de estos pagos no fue correcta, pero los 10.994 euros se destinaron a actividades llevadas a cabo en el ámbito de las programadas por el área de Festejos, sin que se haya producido ningún quebranto de las arcas municipales". Esta es la defensa que ha realizado esta mañana el presidente de la comisión de Hacienda, Manuel Campa, de su compañera de gobierno Ana Hevia, después de que la oposición en bloque pidiera su dimisión a la luz del informe de Intervención sobre irregularidades contables. "La concejala de Festejos lo explicará con todo detalle, partida por partida, en la comisión de Hacienda en función de su conocimiento de los hechos", añadió. Dicha comisión se celebrará mañana miércoles.

Campa añadió que "corresponde al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía determinar el alcance de estas anomalías en la gestión y justificación de los pagos que, insisto, en ningún caso, han supuesto apropiación de fondos públicos ni daño para las arcas municipales porque se destinaron al pago de servicios efectivamente prestados por empresas y particulares".

El informe de la Intervención municipal sobre las irregularidades contables en el área de Festejos, que se hizo público ayer tras seis meses de espera, ha desatado las críticas de la oposición, que reclamó ayer en bloque la dimisión de la concejala del área, Ana Hevia, como única salida posible. Esa es la responsabilidad política que piden los partidos porque del resto ya se ha encargado la interventora, que ha decidido trasladar su informe al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía y a Recursos Humanos. La cuantía a la que ascienden las irregularidades es confusa, ya que aunque el gobierno del PSOE habla de 10.994 euros, tanto la auditoría como el informe provisional de Intervención elevan esa cantidad a 16.664. Sin embargo, en la redacción del informe, encargado por la Alcaldesa, Mariví Monteserín, no queda claro si hay que sumar o no las diferentes cifras. Es más, se podría deducir que la suma es de unos 20.000 euros.

Sea cual fuere la cantidad final, el informe que firma la interventora, Pilar González Bueres, habla de "irregularidades e incumplimientos relevantes en las normas que rigen la gestión de la referida cuenta", que es la cuenta restringida de pagos a justificar para la Delegación Municipal de Festejos, en la que son intervinientes de forma mancomunada la concejala, Ana Hevia, y el técnico responsable del área. Se trata, concretamente, de pagos mal justificados correspondientes a los años 2013 a 2016, en los que la partida total de justificados por el área fue de 844.897 euros. Intervención constata que hubo gastos en conceptos distintos a los justificados, como dos premios del Antroxu de 2015 por 1.100 euros que se destinaron a alquilar una nave para los artilugios del Descenso de Galiana.

Estas irregularidades son de tres tipos. Las primeros, de régimen presupuestario y manejo de caudales o efectos públicos, "por la ausencia y/o insuficiencia de acreditación del destino de 10.994 euros; por las disposiciones de efectivo que no se corresponden con la finalidad que motivaron los diferentes pagos a justificar que les fueron autorizados y entregados, por importe de 3.345 euros; y por la formalización de pagos cuya salida de fondos no se corresponden con los justificantes presentados o no se asocian a ningún justificante de gastos de los presentados, por importe de 5.670 euros".

Otras irregularidades son de carácter administrativo y función pública, "por el manejo de dinero en metálico para su reintegro a las cuentas operativas municipales; por las disposiciones de efectivo por parte de los responsables de los mismos, sin intervención de los dos intervinientes con firma mancomunada; por la emisión de pagos mediante talones al portador; por la manipulación de documentos y justificantes de carácter público; por la realización de actuaciones contrarias al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los terceros que han recibido fondos de carácter público; por incumplimiento de las funciones esenciales inherentes a las funciones encomendadas; y por incumplimiento de órdenes o instrucciones de un superior".

Continúa la interventora que "se han obtenido evidencias relativas a justificantes de pagos que no han sido emitidos por las personas que constan como perceptores de fondos, teniendo en cuenta la naturaleza de estos hechos y que los mismos pudieran tener relevancia penal, es por lo que procede ponerlos en conocimiento del Ministerio Fiscal".

En las alegaciones que presentó Ana Hevia al informe provisional de Intervención -y que, según la propia interventora, no cambia nada de lo sustancial de los hechos-, la concejala insiste en que "no se ha producido quebranto alguno de las arcas públicas puesto que, en todos los casos, se trata de pagos realizados por servicios efectivamente prestados". Hevia comparecerá mañana ante los miembros de la comisión de Hacienda para ofrecerles información sobre los gastos analizados por Intervención.

Pero las reacciones políticas no se han hecho esperar. "Es un informe demoledor, con conclusiones muy graves", aseguró el portavoz del PP, Carlos Rodríguez de la Torre. Y añadió: "De forma mancomunada apunta a los dos intervinientes de la cuenta, a la concejala y al técnico, y se habla de hechos graves, como el manejo de dinero en metálico, la disposición en efectivo sin la firma autorizada, manipulación de documentos... Son hechos lo suficientemente graves como para que la propia concejala presente ya la dimisión, sin que se lo tengamos que pedir nosotros".

Para el concejal de Somos Primitivo Abella, el informe confirma las anomalías y la frase que pronunció la propia Hevia cuando saltó la noticia: "Se utilizaron para pagar otros servicios que fueron prestados dentro del área". "El informe nos dice que es así", apuntó Abella. Y criticó las alegaciones presentadas por la edil: "Afirma que ella no sabía nada, que se dedicaba a otro tipo de tareas y que el machaca es el que hace las ilegalidades. Traslada la responsabilidad al trabajador al que adjudica tareas de jefe de servicio". Pero Somos considera que el gobierno no puede cerrar el capítulo con un expediente disciplinario al trabajador. "En otros países, por menos, la gente dimite", afirmó en alusión a Hevia.

También de dimisión habló el portavoz de IU, Alejandro Cueli. "La concejala es la que debe vigilar, es la responsable de que estas cosas no sucedan. Desde el día que tuvo la osadía de hacer estas prácticas irregulares en el manejo del dinero público, debe tener la valentía de coger la puerta de salida". Y algo parecido señaló la portavoz de Ciudadanos, Carmen Soberón: "Entendemos que el funcionario va a pasar por el rodillo de Recursos Humanos, pero no creo que sea factible mantener a la concejala, nos aboca a pedir su dimisión". Soberón lamentó que, tras medio año de espera, tengan ahora menos de dos días para ver el informe de Intervención antes de la comparecencia de Hevia. En cualquier caso, aun siendo prudente, la portavoz de Ciudadanos cree que la situación "no pinta nada bien".

Por último, el portavoz de Ganemos, Agustín Sánchez, ve probado que existían "prácticas de pago irregulares, e incontrolables en muchos cheques". Considera que Hevia "hizo dejación de funciones de control", lo que implica "una responsabilidad política que la inhabilita para poder continuar en el gobierno de la ciudad".