La situación generada el año pasado tras una inspección de Hacienda en la rula de Avilés, y que desembocó en el pago de una multa de un millón de euros por la supuesta venta de pescado en "negro" y sanciones a armadores y mayoristas, se está dando en estos momentos en un buen número de lonjas españolas. La Agencia Tributaria puso en marcha hace unos días la "operación Piélago" y registró 21 rulas de Galicia, Canarias, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana. La actuación implica el inicio de actuaciones inspectoras tanto sobre las propias entidades gestoras de los complejos pesqueros como sobre armadores y mayoristas de pescado, de forma que el dispositivo desplegado por la Agencia afecta a un total de 37 entidades. La operación también cuenta con la colaboración de las Haciendas Forales de Guipúzcoa y Vizcaya, que han realizado comprobaciones en lonjas del País Vasco.
El objetivo de Hacienda no es otro que intentar "aflorar" una presumible actividad parcialmente sumergida, que ya quedó patente en actuaciones inspectoras anteriores, como la que se realizó en Avilés el verano pasado y en otras lonjas del norte y noroeste de España. Fruto de esas actuaciones, entre las que está incluida la "operación White" en Cataluña -registraron un buen número de puestos y oficinas de una veintena de empresas acusadas de cometer fraude fiscal-, la Agencia detectó no solo la existencia de diversas irregularidades que redundaban en una disminución de las bases imponibles declaradas y los ingresos tributarios, sino también de la existencia de un canal paralelo de actividad económica en "B", desde el armador hasta el minorista de pescado, "ocasionando un importante perjuicio para la Hacienda Pública".
En el caso de Avilés, el consejo de administración de la sociedad "Nueva Rula de Avilés" decidió regularizar la situación y se avino a liquidar las cuotas del Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no satisfechas durante los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2012, así como los recargos pertinentes por los atrasos y la sanción asociada a la supuesta defraudación. También se vieron implicados comercializadores y armadores que, en la mayoría de los casos, llegaron a un acuerdo con el Estado para afrontar la amenaza de sanción que, en algunos casos, superaba el medio millón de euros.
Según explicó la Agencia Tributaria, las actuaciones llevadas a cabo en los últimos días persiguen detectar la realidad en tres aspectos de la actividad económica del sector mayorista de pescado "que resultan cruciales en la determinación de las bases imponibles": "Las especies capturadas (lo que determina el valor de la captura), los kilos descargados y los precios que alcanza el pescado en la lonja". "Esos factores son esenciales tanto para determinar los beneficios de los armadores, como para efectuar un control cruzado de los asentadores -los vendedores de las lonjas- y los mayoristas", asegura.
Así, con esas informaciones, Hacienda pretende obtener datos directos sobre la realidad de las ventas de pescado fresco en las lonjas. Para ello, además de la documentación y libros obligatorios de las lonjas, revisaron antecedentes en poder de la Administración Tributaria procedentes de las Comunidades Autónomas y Autoridades Portuarias, así como las conclusiones de anteriores comprobaciones.
El reto que se marca el Estado con estas inspecciones y con la regularización del fraude fiscal que finalmente aflore es transmitir un mensaje "disuasorio" y así el sector "reconduzca sus actuaciones hacia el correcto pago de sus obligaciones tributarias". "Como en operaciones anteriores, y en función del comportamiento tributario que vayan mostrando, no se descarta la comprobación de otras sociedades del mismo sector en el futuro", concluye la Agencia Tributaria.
