Representantes de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Gobierno regional mantuvieron ayer un encuentro para analizar la situación del colector industrial de la ría, finalizado hace casi sin años y en desuso. La reunión llega después de que el Principado haya rechazado hacerse cargo de la infraestructura, tal y como le obliga un convenio firmado en 2007, al estimar que tiene importantes carencias, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA hace dos semanas. Las conversaciones apenas supusieron un avance y ambas partes coincidieron en señalar que no están previstas nuevas citas de este tipo a corto plazo.
Por parte del Principado acudieron la directora general de Prevención y Control Ambiental, Elena Marañón; Manuel Gutiérrez, director general de Calidad Ambiental; y un directivo de la empresa pública Cadasa. En representación de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico estuvieron Juan Miguel Llanos, comisario de Aguas; Luis Gil, director técnico; y José Javier González, subdirector técnico. Según pudo saber este periódico, ambas partes apenas acercaron posturas.
La Confederación alega que el colector se ha construido en base al proyecto pactado en su día por los gobiernos central y autonómico. Por su parte, el Principado considera que la obra tiene importantes carencias.
