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La gestión de un servicio de emergencias bajo mínimos

Los bomberos desconfían de que el nuevo convenio regulador cubra sus demandas

La aspiración de los profesionales de llegar a cuarenta trabajadores en plantilla parece quedar lejos de las cifras que aprobó el Principado

Los bomberos, en las labores de extinción del incendio del tatami del complejo deportivo Avilés. RICARDO SOLÍS

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha avanzado la renovación de cinco convenios con los Ayuntamientos de Mieres, Avilés, Castrillón, Langreo y Siero para la prestación de los servicios de extinción de incendios y salvamento por un importe global de 3.132.164 euros y una duración de un año. En Avilés y Castrillón, los gobiernos llevan tiempo reclamando un aumento de plantilla y la misma reivindicación la secundan los profesionales del parque avilesino. "Pasar de 29 a 32 personas como piden los ayuntamientos no es un aumento de plantilla, sino cumplir lo firmado en el anterior convenio. El problema es que desde hace varios años no se está respetando el concierto", manifiestan los sindicatos, que ven en la bolsa del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) una posible salida a esta situación.

Mediante acuerdos como el aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno, el SEPA asume esos servicios y permite a estos concejos dar cumplimiento a la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, que obliga a los municipios con más de 20.000 habitantes a disponer de servicios de bomberos y de salvamento. Los cinco municipios citados suman 235.413 habitantes, una cifra que supone el 22,57 por ciento de la población asturiana, según los últimos datos del padrón municipal de estadística.

Las peticiones de los bomberos de Avilés pasan por un aumento progresivo en la plantilla, con el objetivo de llegar "a un mínimo de 40 efectivos en los próximos cuatro años". "Si nos situamos por debajo de esta cifra estaremos dando mala atención al ciudadano y poniendo en riesgo nuestra vida", advierten periódicamente.

El SEPA da servicio a todos los municipios de la región, salvo Oviedo y Gijón, que cuentan con medios propios de protección civil y emergencias, y mantiene en vigor este tipo de convenios desde 2001. El convenio aprobado ahora establece entre otras cosas el dinero que los ayuntamientos de Avilés y Castrillón deben abonar al Gobierno regional por este servicio: alrededor de 1,2 y 400.000 euros, respectivamente. El resto de concejos de la comarca que se cubren desde Avilés no aportan fondos ya que tienen menos de 20.000 habitantes.

La comarca, con unos 145.000 habitantes, cuenta con un bombero por cada 5.000 residentes, una cifra que dista de la ratio óptima de uno por cada mil habitantes que fija la normativa estatal y de la registrada en Oviedo y en Gijón. En la capital se contabiliza un profesional por cada 3.484 vecinos y, en la mayor ciudad de la región, uno por cada 2.926, según datos facilitados por los profesionales del parque de Avilés a algunos dirigentes vecinales.

Los bomberos avilesinos llevan tiempo denunciando esta situación y advirtiendo del peligro que supone, más aún teniendo en cuenta que la comarca es mayoritariamente industrial y los concejos a los que dan servicio suman 303 kilómetros cuadrados (Avilés, Castrillón, Gozón, Carreño, Corvera e Illas). Advierten asimismo de las salidas que periódicamente realizan a otros parques siempre que requieren su intervención.

En las proximidades de Avilés se encuentran tres parques de bomberos: Pravia, Arcelor y el Aeropuerto de Asturias. El primero de ellos moviliza a sus efectivos a la comarca cuando las circunstancias así lo requieren, mientras que los operarios de la acería sólo desplazarían a sus técnicos en caso de gran emergencia. Los del aeródromo regional, por su parte, únicamente atienden sus instalaciones.

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