Una familia monoparental avilesina formada por una mujer y sus dos hijos urge al Principado la actualización de su salario social para evitar la sentencia de desahucio que le podría dejar en el mes de febrero fuera del piso de alquiler que ocupan. Débora García y sus dos hijos de corta edad -el más pequeño todavía no ha comenzado al colegio- están pendientes de esa actualización, ya que ahora todos sus ingresos ascienden a 141,43 euros mensuales, correspondientes al salario social. La cifra es así de exigua porque hasta septiembre de 2014, explica la joven, contaba con otra ayuda de 426 euros por ser víctima de violencia de género. Pero esa ayuda, que tenía tres años de duración, ya se ha extinguido. Desde entonces lleva reclamando ante el Principado una actualización de su salario social, hasta el momento, "sin éxito".
Por la vivienda que ocupa en la calle González Wess paga (o, más bien, tendría que pagar) 370 euros mensuales. "La semana antes de Navidad fui a Oviedo, con mis últimos 8 euros, y pedí una vez más que revisen mi expediente", asegura. Según su relato, el trabajador social avilesino que lleva su caso le aseguró que ya había enviado varios informes avalando la revisión del salario social que ella solicita con la idea de pagar sus deudas. Porque los impagos del alquiler han hecho que los propietarios de la vivienda reclamen en los tribunales su renta, ya que la deuda ya supera los 2.200 euros, y Débora García ya recibió dos cartas de desahucio. "No tengo apoyo familiar, sólo las ONG me ayudan", dice. La pensión que tendría que recibir del padre de las criaturas la tiene reclamada en los tribunales. La joven cuenta con experiencia laboral en hostelería, pero actualmente está en paro al cuidado de sus hijos. "Cuando en septiembre empiece el pequeño a clase intentaré trabajar por las mañanas".
