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La retirada de la uralita de La Lloba es asunto del Ayuntamiento, según Fomento

Las administraciones chocan sobre su responsabilidad para eliminar el vertedero pirata, que acumula material dañino en una zona pública

Montones de uralita en el vertedero de La Lloba. IRMA COLLÍN

La retirada de la uralita depositada en un vertedero pirata en las inmediaciones de La Lloba va para largo. Las administraciones implicadas desconocen a quién corresponde la responsabilidad de eliminar el fibrocemento, un material muy contaminante, que está en una zona pública. Este periódico desveló en septiembre de 2015 la existencia de un basurero en el que se habían depositado restos de uralita tras las denuncias de senderistas y ciclistas habituales de la zona. El Ministerio de Fomento dice ahora que corresponde al Ayuntamiento.

Unos días después, agentes de la Policía local de Castrillón se trasladaron a la zona y emitieron un informe en el que requerían la retirada inmediata de la uralita depositada en una zona de unos 18 metros cuadrados. Asimismo, los técnicos municipal informaron que, según el catastro, el terreno es propiedad del Ministerio de Fomento, ya que el vertedero se encuentra en un camino de servicio construido por el Ministerio cuando se acometió el tramo de la autovía del Cantábrico entre Vegarrozadas y Soto del Barco.

El Ayuntamiento de Castrillón envió los informes a Fomento y al Principado. En febrero pasado pidieron una contestación a la Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente. Y la contestación ha llegado esta semana al Consistorio, acompañada de un escrito de Fomento fechado en marzo de 2016 en el que se admite que, según el catastro, el Ministerio es el titular de la parcela en la que se depositó la uralita. No obstante, en el escrito enviado por la Consejería al Ayuntamiento el pasado día 30, se da un plazo de 10 días a la administración local para que "proceda a identificar a los sujetos (que depositaron la uralita) o a la retirada de los residuos por parte del Ayuntamiento". Los servicios jurídicos municipales analizan el asunto.

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