Dibujar un mapa con las principales áreas de plumeros y pedir ayuda a "las administraciones competentes" para erradicarlos. Este es el acuerdo que ha tomado la Mancomunidad de Turismo para intentar poner freno a un problema medioambiental de primer orden que supone no sólo una amenaza para la biodiversidad, sino también para los intereses económicos y turísticos del territorio, tal y como advierten los expertos universitarios. El informe técnico elaborado en el seno del organismo que ayer divulgó LA NUEVA ESPAÑA y que propone que sean los dueños de las fincas quienes se hagan cargo de la erradicación, con sanciones para los que hagan caso omiso de hasta 10.000 euros, generó ayer un amplio debate político, aunque la mayoría de los gobiernos locales de la comarca se mostraron partidarios de medidas más suaves.
En un comunicado conjunto, los ayuntamientos de Castrillón, Corvera e Illas -a quienes presta servicio ambiental la Mancomunidad Comarca Avilés- afirmaron que "no han adoptado ningún acuerdo, ni evaluado, ni asumido el informe emitido por el técnico ambiental de la Mancomunidad en relación a la proliferación de la planta denominada plumeros de la Pampa, limitándose la Mancomunidad y los ayuntamientos a la elaboración de un mapeo de localización de esta plantas en la comarca y su posterior elevación a las administraciones competentes al objeto de buscar coordinación para la elaboración del plan de intervención para la erradicación de esta planta invasora, y evitar las molestias que la misma produce".
Una acogida muy distinta tuvo el informe en el partido Equo, que felicitó a los técnicos responsables. "Va en línea con la propuesta de ordenanza municipal que en octubre de 2015 presentamos desde Equo Comarca de Avilés por registro en el Ayuntamiento de Avilés", afirma el partido verde en un comunicado. No obstante, no son optimistas respecto a su puesta en marcha: "Desgraciadamente, nos tememos lo peor: que los ayuntamientos no se atrevan a ponerlo en marcha, a pesar de la presión ciudadana, a pesar de lo que dice la legislación al respecto y a pesar de que se llega con muchos años de retraso".
En lo que todos están de acuerdo es en lo que subraya el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Avilés, Miguel Ángel García Balbuena: que es necesario que se impliquen todas las administraciones. O, como dijo Equo, "es necesario recordar que no sólo los ayuntamientos de la comarca deberían de empezar a tomar medidas, también el Ayuntamiento de Gozón o el de Carreño, y el Principado de Asturias". "Los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley y velar por el derecho a un medio ambiente sano, dentro de los márgenes de sus competencias", añadió.
Los plumeros, y otras plantas como las mimosas, están incluidas en el Catálogo de Especies Invasoras. Esto conlleva, según la legislación vigente, severas limitaciones a su posesión, transporte, tráfico y comercio. Sin embargo donde surgen dudas, en función de quien interprete la ley, es sobre quién tiene competencia para sancionar, llegado el caso, por el incumplimiento. Y así, mientras el informe interno del técnico de la Mancomunidad considera que los ayuntamientos tienen esa competencia, tras la aprobación de las ordenanzas correspondientes, el Ayuntamiento de Avilés, por ejemplo, tiene dudas al respecto. "No está claro qué administración tiene que sancionar. Habrá que verlo con el Principado, el Puerto, Adif...", afirmó Balbuena.
El alcalde de Illas, Alberto Tirador, descartó que los ayuntamientos vayan a poner en marcha ordenanzas, "porque no sirve de nada hacer algo de forma independiente, el problema implica a toda Asturias". De ahí que los responsables municipales apelen al Principado, además de encargar ese inventariado de ejemplares que, en su gran mayoría, están en suelo público o en el de grandes empresas.
Precisamente el alcalde de Corvera, Iván Fernández, abogó por predicar con el ejemplo y centrarse, en una primera fase, en eliminar todos los plumeros que haya en terrenos públicos, bien sean municipales, bien propiedad de otras administraciones regionales o estatales. Junto a esto, el Ayuntamiento de Corvera tiene previsto poner en marcha una campaña de concienciación para invitar a los particulares a que realicen en sus fincas la limpieza correspondiente. "Sancionar sería lo último", aseguró Fernández, que invitó al resto de ayuntamientos y administraciones públicas a sumarse a este trabajo. "Este problema sólo se puede atacar actuando en un radio amplio", coincidió Balbuena.
Así las cosas, las administraciones locales comienzan a pensar en un problema que hasta hace poco apenas se trataba y reclaman al Principado que asuma también su papel, algo que hasta ahora no ha hecho.
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