El gobierno socialista de Mariví Monteserín dio ayer por suspendidas las negociaciones con los sindicatos municipales y lo hizo, según denuncian los trabajadores, con "tono amenazante". "No puede llegar el concejal de Recursos Humanos (Raúl Marquínez) y decirnos que si no aceptamos lo que proponen lo vamos sentir mucho no solo los sindicatos sino también los trabajadores", desveló Manuel Jesús Villa, representante del Sipla y presidente de la junta de personal. La versión del edil fue más conciliadora, aunque, eso sí, exigió el fin del encierro de los miembros del Sipla, Avanza, UGT, CC OO y Usipa como condición necesaria para reiniciar las negociaciones "tomando como punto de partida la propuesta entregada el sábado", que recoge once de las quince reivindicaciones sindicales. "Nos podemos morir de inanición en el Ayuntamiento porque no piensan volver a dirigirse a los sindicatos mientras estemos encerrados. Es una decisión desafortunada", añadió Villa al respecto.

Marquínez explicó, tras un encuentro con los delegados sindicales, que la propuesta gubernamental "está dentro del marco legal, dentro de la capacidad financiera municipal y asegura la calidad de los servicios públicos que prestamos". "Lo que los sindicatos piden más allá de esos once puntos es que nos saltemos el marco legal y supera nuestra capacidad presupuestaria", aseveró.

Así, el acuerdo que propone el PSOE incluye aspectos como la negociación sobre el procedimiento a aplicar en los procesos selectivos pendientes de la oferta de empleo público de 2016 -sin suspender la que ya está convocada para cubrir solo por oposición seis plazas de auxiliar administrativo, como exigen los sindicatos-, hablar sobre la implantación de bolsas de trabajo temporal; identificar las plazas de la plantilla municipal susceptibles de un proceso de consolidación de empleo temporal y la realización de las convocatorias de consolidación dentro de la legalidad vigente, la jornada de 35 horas o un plan de igualdad. No incluye, eso sí, reivindicaciones como la remunicipalización de servicios o la inclusión de las trabajadoras de las escuelas infantiles en la RPT.

"En la última semana hemos llegado a puntos de acuerdo, pero bajo la presión de un encierro el equipo de gobierno no está en disposición de llevar a cabo la negociación. No tiene sentido que tengan interés en reunirse con la Alcaldesa y mantengan un encierro en el salón de Plenos, que simboliza la soberanía municipal. ¿Condiciones para el diálogo? Las hay, siempre y en todo momento, pero sin encierro. Y eso no es ninguna presión; hay libertad absoluta para negociar los temas. Tenemos puntos de coincidencia, con lo cual, si nos sentamos, llegaremos a acuerdos satisfactorios para ambas partes", confió el concejal responsables de la plantilla municipal.

Unas horas antes de que Marquínez cortara las negociaciones, la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, había remitido un escrito a los representantes de los trabajadores para rechazar su petición de mediación en el conflicto. "El concejal de Recursos Humanos es la persona competente para mantener, en representación del gobierno municipal, toda negociación en materia de personal del Ayuntamiento", afirma en el documento Monteserín.

Los representantes de los trabajadores consideran que el gobierno "comete un error" con su decisión de frenar los encuentros. "Esto demuestra el talante del gobierno y lo que entienden por participación y cauces democráticos. Nosotros sólo estamos pidiendo establecer criterios leales para sentarnos en una mesa de negociación en base a los 15 puntos que les hemos transmitidos", afirmó Villa. Y añadió: "Cuando el gobierno nos dice que sólo vale su criterio y, además, lo impone, se demuestra en qué época estamos en este Ayuntamiento. El gobierno es el que no quiere negociar y sí implantar una política determinada de personal sin estar consensuada por los trabajados".

Izquierda Unida

Los trabajadores encerrados recibieron ayer por la mañana la visita del coordinador general de IU de Asturias, Ramón Argüelles. El líder de la coalición urgió "diálogo" al equipo de gobierno para intentar llegar a una solución al conflicto laboral. "Venimos a ofrecerles consuelo y ayuda y a escuchar sus problemas. Hay muy pocos conflictos que no se arreglen dialogando, que es lo que falta en esta ocasión por parte del gobierno de Avilés, donde incluso les han puesto un ultimátum. Hay trabajadores que llevan muchos años en el Ayuntamiento de Avilés, que tienen derechos, y lo que tenemos que hacer ante estos problemas es que sea la solución lo más razonable posible y con menos costes para todos", aseguró Argüelles.