El gobierno gozoniego del PSOE anunció hace días que la empresa Asturagua ha presentado un contencioso-administrativo contra la liquidación del contrato de este servicio, es decir, el dinero que supondría esa operación. Y no sorprendió a ninguno de los grupos políticos de la Corporación. Es más, IU y el PP coinciden en que esa decisión era esperada. "Hice lo que tenía que hacer como Alcalde", expresó el regidor, Jorge Suárez, que "cada día" tiene más claro el proceso iniciado hace un año y que culminó hace tres meses con el fin de que el servicio de abastecimiento de aguas volviera a manos públicas.
"Tengo clara la defensa de los intereses municipales y, más aún, teniendo en cuenta la nefasta gestión que hizo el anterior gobierno (PP) con la ausencia de control y vigilancia de la obras realizadas por la empresa y también errores por parte de la adjudicataria", expresó el Regidor gozoniego, que explicó además que el Ayuntamiento recurrió a un peritaje externo para conocer el importe a pagar a la empresa, dado que ésta solicitaba 3,7 millones a la administración local en concepto de deuda.
Los informes que analizaron las actuaciones llevadas a cabo por Asturagua concluyeron que será la empresa la que tiene que abonar al Ayuntamiento y no al revés. Eso sí, 40.000 euros frente a los 3,7 millones que reclama la exconcesionaria del servicio de aguas. "El juez será el encargado de determinar el resultado", expresó el Alcalde.
La gran diferencia entre ambas cantidades se explica, según el Ayuntamiento, en la inclusión de sobrecostes y de actuaciones no incluidas en el objeto del contrato como es el caso de la urbanización de calles, como ocurrió en la obra de renovación de la red de Hermanos González Blanco de Luanco.
El PP defiende que "la denuncia forma parte de la hoja de ruta del Alcalde". "Nosotros siempre defenderemos los intereses municipales y si no sale adelante, pediremos responsabilidades al gobierno, si es favorable, le felicitaremos", destacó el portavoz de los populares gozoniegos, Ramón Artime, que indicó a su vez que "es preferible alcanzar un mal acuerdo antes de llegar a juicio". "El Alcalde de Gozón no está por dialogar", apostilló. Ante esa afirmación que Artime ya pronunció en el Pleno, Suárez le replicó "que no cabe ninguna negociación". Artime fue a más y aseguró que la firma que elaboró el peritaje, Viavetus, "dice lo que dijo porque hace caso a quien paga, que es el Alcalde". "Además esa empresa procede de otra investigada en el caso Marea", apostilló Artime.
Isaac Frade, concejal de IU-Equo, destacó que las denuncias realizadas por la coalición en el pasado mandato y anteriores sobre la ausencia de vigilancia y control municipal de las obras "están avaladas por el informe realizado por la asesoría". "Era una decisión esperada y ahora solo queda seguir defendiendo los intereses municipales como siempre y además, con informes técnicos que avalan nuestras hipótesis".
