Los estibadores desconvocaron ayer las cuatro jornadas de huelga que aún tenían previsto llevar a cabo en los puertos tras el rechazo del Congreso de los Diputados al polémico decreto ley de reforma del sector. Las advertencias sobre el coste económico de este "no" por parte del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cayeron por lo tanto en saco roto. El popular alertó de que la no convalidación del decreto conllevará una segunda multa millonaria de la Unión Europea. Pero el proyecto fue derribado con 175 votos en contra -PSOE, Unidos Podemos, Esquerra, la antigua Convergència, Compromís, EH Bildu, Coalición Canaria y Nueva Canarias- frente a los 142 votos a favor que sumaron el PP, (junto a sus socios electorales de UPN y Foro Asturias) y el PNV. Ciudadanos optó por la abstención. Una abstención que causó un gran malestar en las filas del Gobierno, ya que esperaban el respaldo del partido naranja. Pero no solo eso. La derrota del decreto de la estiba quiebra la confianza del PP en la formación de Albert Rivera, su socio preferente, en vísperas de la negociación del proyecto de Presupuestos Generales.

Nada más certificarse la derrota del Gobierno, los representantes de los estibadores, que siguieron el debate desde la tribuna de invitados, se pusieron en pie a aplaudir. Lo mismo hicieron los diputados de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, que exhibieron camisetas reivindicativas. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, hizo entonces varias llamadas al orden.

El texto legal, en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que ahora quedó derogado, tenía como objetivo liberalizar al sector de la estiba, el de los trabajadores cuya labor consiste en cargar y descargar los barcos en los puertos, con el fin de que cumpla con la normativa europea a la que actualmente contraviene y evitar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea imponga por ello una sanción a España.

No obstante, el decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero, llegó a su debate en el Congreso sin que se lograra alcanzar un acuerdo en el ámbito laboral de la reforma con la patronal y los sindicatos del gremio. Dado que la mayor parte de los grupos parlamentarios vincularon su apoyo a que el documento tuviera el respaldo del consenso del sector, el texto legal finalmente recibió más votos en contra que a favor y, por lo tanto, no superó el preceptivo proceso de su convalidación en el Congreso.

El PSOE defendió que su rechazo no responde "a tratar de tumbar un decreto sino a defender los derechos de los trabajadores" e hizo un llamamiento a la negociación. Unidos Podemos achacó su voto contrario a la reforma a su consideración de que se articula por "un decreto salvaje que haría estallar un sector estratégico para el país", según el diputado Alonso Cantorné. Desde ERC, Jordi Salvador i Duch, consideró que el proyecto del PP "busca extinguir un colectivo con condiciones dignas de trabajo".

El Partido Popular dejó claro que "ganan los que no quieren cumplir con los tratados de la UE" y el PNV atribuyó su apoyo a una cuestión de "responsabilidad y de defensa del interés colectivo". El diputado Fernando Navarro, de Ciudadanos, consideró, pese a todo, que el Gobierno "va por el buen camino" y animó a seguir negociando con los implicados en la labores de estiba.