La tensión entre el Principado de Asturias y el Ministerio de Fomento a cuenta de las obras de los accesos al polígono empresarial Principado de Asturias (PEPA) no deja de crecer. El último capítulo lo protagoniza el Estado al incrementar ahora sus exigencias para autorizar el pinchazo para los accesos. Y es que el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, acaba de rechazar la propuesta del Principado para buscar una solución -consistía en asumir la región la titularidad del tramo de la AI-81 en el que se ubicará la conexión- y condiciona su autorización a que el Ejecutivo autnómico asuma toda esta vía y de otras dos más: la nacional 632 a su paso por Avilés (la avenida de Los Telares y de Lugo) y la nacional 632 A (la arteria del puerto). Además, insta a que sea el Principado el que realice los trabajos para solucionar "la costosa mochila" del problema del ruido de la autopista a su paso por Trasona, que están valorados en unos siete millones de euros.

"Hemos recibido un jarro de agua fría ya que la postura del Secretario de Estado es radical y no da solución. Esto es un chantaje y una actitud del abuso hacia el Principado, que tiene la legítima pretensión de acabar de una vez la obra. Y nos lo están impidiendo con estas tácticas cuando nosotros tenemos plena predisposición a resolver el problema", aseveró ayer Belén Fernández, consejera de Infraestructuras.

La responsable regional acusó al PP de querer aprovechar la "necesidad" de la administración regional para concluir las obras de los enlaces del PEPA "para resolver un problema de su responsabilidad y endosarnos dos carreteras que son suyas", como es la nacional 632 y la arteria.

La Consejera explicó que ya están ejecutadas dos terceras partes de los trabajos y que hay dos tableros "pendientes de colocar", que son los correspondientes al pinchazo con la autopista. "Llevamos años tratando de resolver esta situación a través de diferentes propuesta. Primero solicitamos autorización para conectar con la red estatal en el único punto donde la funcionalidad del proyecto nos permitía cumplir con la normativa de distancias y no fue posible. Luego nos pusimos a su disposición para asumir toda la AI-81 pero si el problema del ruido quedaba bajo su responsabilidad. Tampoco hubo respuesta. Y así todo. Por eso, las obras finalizarán tan pronto como quiera el Ministerio", afirmó Belén Fernández. La consejera avanzó que ha solicitado una reunión urgente con el Secretario de Estado de Infraestructuras para intentar solucionar ese asunto.