La defensa de uno de los tres empresarios de la construcción acusados de defraudar a Hacienda en Avilés adujo ayer durante el juicio que los investigadores no le notificaron personalmente que estaba siendo fiscalizado, algo "esencial" para un caso de este tipo (una presunta ingeniería financiera con el fin de no abonar a la Agencia Tributaria más de medio millón de euros). La Fiscalía pide contra cada uno de los acusados dos años de cárcel aparte de multas y una indemnización para la Hacienda pública. El caso está visto para sentencia.

Otro de los acusados manifestó al respecto que no podía responsabilizarse de las acusaciones vertidas por el Ministerio Fiscal, esto es, hacer lo posible para no pagar impuestos. Ese acusado puso en duda que fuera representante de la empresa sometidas al escrutinio público. La defensa del tercer enjuiciado, acusado de haber falsificado facturas para ayudar a los otros dos a defraudar y no pagar el impuesto del IVA, trató de demostrar que esas facturas correspondían a trabajos realizados.

El abogado del Estado, sin embargo, presentó algunos poderes que deberán ahora ser analizados por el titular del juzgado Número 1 de lo Penal de Avilés de cara a emitir una sentencia. Los tres acusados son empresarios de la construcción y uno de ellos, además, desarrolló también su actividad en el sector de la industria auxiliar española.

El Ministerio Fiscal sostuvo durante la vista que los acusados presentaron ante la Agencia Tributaria en los años 2010 y 2011 una declaración con una cuota resultante a ingresar de 90.513,53 euros, cuando en realidad la cuota debía ser de 277.759,47 euros, ascendiendo la cuantía dejada de ingresar a 187.245,94 euros y, al año siguiente, una declaración con una cuota resultante a ingresar de 41.146,96 euros, cuando en realidad la cuota debía ser de 426.037,86 euros, ascendiendo la cuantía dejada de ingresar a 384.890,90 euros. Por todo ello, reclamó el abono de lo que no se ha pagado durante este tiempo y también una indemnización para el Estado.