El Partido Popular acusó ayer al gobierno local de hacer "casi trajes a medida" en algunos contratos municipales. Alfonso Araujo y Constantino Álvarez sacaron a la palestra varios que han sido suspendidos por diversas razones, como el del cobro de sanciones -que el Ayuntamiento va a volver a sacar a licitación-, la gestión del servicio de telefonía del Ayuntamiento, la reurbanización de Santa Apolonia, la contratación del nuevo director del conservatorio "Julián Orbón o la red wifi.

"La gestión del gobierno respecto a la externalización de servicios es desastrosa. La retahíla de chascos es evidente. Pero lo más preocupante es el hilo conductor: la restrictividad de los pliegos de condiciones. Parece que casi se apunta a determinadas direcciones, a determinadas empresas, a que se hacen casi trajes a medida. Y es el órgano vigilante el que llama la atención sobre ese hecho", acusó Araujo.

El concejal popular defendió que el Ayuntamiento, a la hora de contratar, debe favorecer "la pública concurrencia". "Si es restrictivo, al presentarse menos empresas el importe es mayor. Y también da lugar a que se den malas interpretaciones por parte de los ciudadanos", aseveró.

Araujo relató que el contrato de telefonía se echó para atrás porque se pedían marcas concretas "que solo tenía un proveedor"; el de la calle Santa Apolonia, "porque se pedía material que solo se podía comprar a escasos kilómetros", y el de la gestión de las sanciones municipales, "porque los criterios de solvencia técnica y económica eran muy restrictivos por lo que podían competir menos empresas".

Araujo y su compañero Constantino Álvarez también pusieron sobre la mesa el contrato con Gowex, que era la encargada de la red wifi municipal y que entró en concurso de acreedores hace unos años. "El gobierno tiene que explicar si ha renunciado a recuperar lo que le adeuda Gowex, que son 88.000 euros, por incumplimiento de contrato", lanzó Álvarez. Actualmente, ese servicio se presta a través de los medios propios del Ayuntamiento.

"Estos casos no son contratos menores, sino que suponen mucho dinero. Así se ve el grado de chapuza. A lo largo de los años se van sumando varios varapalos por sentencias, porque los paralizan los propios técnicos, por recursos... ¿Qué es que los concejales no miran lo que firman? ¿Qué es que no contrastan los pliegos con otros técnicos de la casa?", se preguntó Álvarez.