Aprovechar la anulación de la segunda convocatoria del contrato de la gestión de sanciones para remunicipalizar el servicio. Esta es la propuesta que lanzó ayer el presidente del sindicato Avanza, Ángel Fernández, quien afirmó que es la oportunidad de que el gobierno calcule, al menos, los costes para la contratación de personal propio y gestionar así de forma directa el servicio de sanciones. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimó el recurso presentado por Vialine Gestión contra los pliegos de condiciones y obliga a anular una de las cláusulas establecidas por el Consistorio. El Ayuntamiento había sacado a licitación ese contrato en agosto, fue recurrido y lo volvió a publicar en diciembre. En esta ocasión, la mesa de contratación ya había decidido proponer la adjudicación del contrato a Servicios Externos de Asesoramiento y Consultoría, pero ahora se suspende el proceso.

"El gobierno no quiere ni tan siquiera hablar de la remunicipalización de servicios, así lo ha dejado patente en los últimos meses en todas las mesas de negociación que se han producido, incluidas las movilizaciones de febrero", criticó Ángel Fernández. Y aseguró que en el caso concreto de las sanciones, con los más de 200.000 euros anuales que prevé la licitación del servicio se podrían contratar a cinco personas en diferentes categorías y especialidades, "produciéndose incluso un ahorro para las arcas municipales".

Fernández propuso, por último, la creación de una mesa de seguimiento de la contratación pública, "una especie de observatorio de los servicios públicos, con participación de todas las partes, en el que se pudiera contraponer el hipotético coste de los contratos externos frente a los de la gestión directa".