Los vecinos afectados por la decisión del órgano de gobierno de la cofradía de pescadores "Virgen de Las Mareas" de encarecer los alquileres que pagan las viudas, los marineros en activo y los jubilados residentes en el Nodo se han unido y contratado los servicios de un abogado para impedir ese "sinsentido" apelando al carácter de "rentas antiguas" de sus arrendamientos. Una treintena de socios de la entidad ha recibido un burofax advirtiendo de que a fecha de 31 de mayo -en algunos casos semanas más tarde- deben dejar libres sus viviendas del barrio del Nodo si no se avienen a negociar una actualización de sus alquileres: ahora están pagando unos 14 euros al mes -en esa cuantía está incluida la renta, la cuota de socio a la Cofradía y los gastos de comunidad, entre otros- y la dirección de "Virgen de las Mareas" plantea subidas de hasta 200 euros.

"Tras una análisis jurídico, vemos que la razón de Derecho está del lado de los trabajadores del mar y hay suficientes argumentos que amparan a los vecinos", afirmó ayer Manuel Barba, el abogado contratado por los afectados. Según explicó el letrado, la mayoría de los contratos de arrendamiento del Nodo son anteriores a 1995 y esos se rigen por la ley de rentas antiguas (ley de Arrendamientos Urbanos de 1964), que establece que en la duración del contrato hay prórroga forzosa; esto es, que el titular puede vivir en esa vivienda hasta que fallezca. Cuando eso suceda, incluso se permite una primera subrogación a la viuda e hijos. "Esos contratos no se pueden resolver si el inquilino cumple unas condiciones", añadió Barba. En este caso también juega un papel importante el Instituto Social de la Marina, promotor de las viviendas del Nodo y ente redactor de esos contratos en "términos beneficiosos para los pescadores".

"Es un sinsentido que la propia cofradía, que debe velar por el colectivo de los pescadores, intente echar a los cofrades por mucha situación económica negativa que tenga. Esto no es una agencia inmobiliaria, sino que tiene que defender los intereses de los socios. Es un problema social de primer orden", alertó el abogado.

Barba intentará llegar a un solución amistosa con la Cofradía, aunque no descarta acudir a los tribunales para defender a los vecinos. También podrán en conocimiento de los partidos políticos esta situación.