El cambio del modelo de gestión del servicio de recaudación de multas en Avilés -de una empresa privada al Ayuntamiento después de siete años con una contrata externa- ha atascado el sistema de cobro de sanciones. Tanto es así que alrededor de 3.000 multas -la mayoría de menos de 50 euros, según fuentes municipales- han vencido desde que el pasado octubre el personal municipal asumió un trabajo hasta entonces privatizado.
"La oposición votó en contra de habilitar la partida de dinero que habría permitido prorrogar el contrato de la empresa que venía prestando el servicio de recaudación de multas hasta que se pudiera hacer una nueva licitación", lamentó el portavoz del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, para luego añadir: "Nosotros iniciamos a tiempo los trámites para licitar el servicio, pero se presentó un primer recurso que dilató el proceso y entonces decidimos suspender el contrato. Se elaboró un nuevo pliego y se presentó un segundo recurso. Ante esto tuvimos que asumir desde el Ayuntamiento la gestión, lo que ha supuesto que tengamos a todo el personal de secretaría dedicado a esto y que hayan prescrito algunas sanciones".
Aseguró además que se han hecho una serie de contratos para suplir el servicio existente hasta el pasado septiembre. "Hasta ahora teníamos los porcentajes de cobro más altos de Asturias", subrayó, al tiempo que avanzó que el gobierno local ya está trabajando en la elaboración de un nuevo pliego para sacar a licitación el servicio de recaudación de multas en Avilés. "En estos momentos tenemos a personal dedicado a tiempo completo y parcial para poder tramitar todas las sanciones antes de que prescriban".
Mientras el gobierno local apoya la externalización del servicio -como estuvo los últimos años-, los sindicatos solo ven ventajas en la gestión directa del mismo. Es el caso del presidente del sindicato Avanza, Ángel Fernández. Estima que los 200.000 euros anuales de la licitación darían para contratar "a cinco trabajadores". "Eso supondría, incluso, un ahorro para las arcas municipales", manifestó.
"Nosotros entendemos que el servicio es igual de eficaz con una gestión directa y que el Ayuntamiento ahorra dinero si hace él mismo el trabajo. Más aún teniendo en cuenta que con la empresa externa el Ayuntamiento no se desentiende por completo del control o la fiscalización de los expedientes sancionadores", precisó el sindicalista al frente de Avanza.
Ángel Fernández propuso, a su vez, la creación de una mesa de seguimiento de la contratación pública, "una especie de observatorio de los servicios públicos, con participación de todas las partes, en el que se pudiera contraponer el hipotético coste de los contratos externos frente a los de la gestión directa (pública)".
El gobierno socialista decidió externalizar este servicio en 2010 alegando entonces el alto volumen de trabajo que ocasionaba y el hecho de no tener un espacio adecuado en el Consistorio. Así, el Consistorio gestiona una media de 31.466 denuncias de tráfico y seguridad vial al año, con unos ingresos voluntarios por esas sanciones de 717.951 euros.
La empresa "Ser Consulting" fue la primera en asumir el servicio con cuatro empleados para llevar a cabo toda la gestión de multas municipales.
