Arcelor-Mittal ha pagado, en apenas dos años, 740.000 euros en multas por emisiones y vertidos en sus factorías asturianas. El Gobierno del Principado comunicó esta semana, tras el escape de triácido sulfúrico del pasado lunes en las baterías de coque de Avilés, que desde 2015 ha abierto a la multinacional siderúrgica 19 expedientes sancionadores. "No puedo permitir que se nos acuse de tolerancia e inacción. No creo que la incoacción de 19 expedientes a Arcelor desde 2015 hasta hoy sea un indicador de tolerancia", aseveró el pasado jueves en la Junta General del Principado la consejera de Medio Ambiente, Belén Fernández.

Fuentes de su Consejería detallaron ayer que, de esos 19 expedientes, ocho han sido resueltos con sanciones que suman 740.000 euros, mientras que otros once continúan en distintas fases de tramitación. Esa suma está relacionada con seis incumplimientos ambientales en la factoría gijonesa y dos en la avilesina. En cuanto a las causas, cuatro multas fueron por emisiones al aire, una por ruido, otra por vertidos al agua y las otras dos por incumplimientos de la autorización ambiental integrada.

Once expedientes sancionadores más están en la actualidad en fase de tramitación. "Hay un plazo de un año desde que se inician y ninguno está caducado", apostillaron desde la Consejería de Infraestructuras y Medio Ambiente. Según las fuentes consultadas, varios han sido recurridos por la multinacional. De estas posibles sanciones pendientes de resolución, seis se refieren a la factoría de Avilés y cinco a la de Gijón. En total, la multinacional acumula desde 2015 once expedientes sancionadores por incumplimientos de la normativa ambiental en Gijón y ocho en Avilés.

El responsable de seguridad industrial de la factoría, Fernando Rey, aseguró ayer en el marco de un simulacro que "la fuga se produjo por un fallo mecánico", que solo duró 10 minutos ("un volumen muy breve para una empresa de estas características") y que se trata del primero de este tipo en la fábrica en 30 años. Las reacciones políticas no cesan. IU solicitó la comparecencia de los consejeros de Industria, Medio Ambiente y Presidencia (Francisco Blanco, Belén Fernández y Guillermo Martínez, respectivamente) por la nube tóxica, así como de representantes de Arcelor. Y un gran pacto de los agentes políticos, sociales e industriales contra la polución.